Empresa española busca político con contactos.

Taguas y Zaplana han sido los últimos ejemplos. A finales de abril, las grandes constructoras elegían a David Taguas, ex director de la oficina económica de Moncloa como presidente de su lobby del ladrillo. Casi al mismo tiempo, Eduardo Zaplana fichaba como delegado en Europa del Grupo Telefónica. La empresa ha señalado que la función de su fichaje será representar a la compañía ante gobiernos, autoridades y otras compañías europeas algo que se antoja difícil, ya que, pese a su desparpajo, el ex portavoz popular no habla inglés, y menos aún francés o alemán. No importa demasiado. Para acceder a los altos cargos de algunas compañías españolas (Sogecable, La Caixa o Telefónica) los departamentos de recursos humanos no valoran tanto las titulaciones, o la experiencia profesional como otros puntos en el currículum : una voluminosa agenda de contactos y acceso a información confidencial. En este sentido, el caso de David Taguas es digno de estudio.

Hasta hace menos de cinco meses tenía acceso a los mecanismos de la economía española, a información restringida del Gobierno, a tomar decisiones sobre planes de obra pública o vivienda protegida. A pesar del revuelo político y mediático, la ley de incompatibilidad no ha presentado problemas. El paso de la política a la empresa apenas tiene dificultades en el sistema español.

Desde el primer Gobierno de la UCD, la cuarta parte de ex ministros ha pasado del Gobierno a cargos con grandes sueldos. Y aunque en los últimos años esta tendencia se ha intensificado, estas puertas giratorias acompañan al Estado moderno casi desde su fundación. Como escribía el fiscal Joaquín González en un artículo en El País, fue Max Weber quien advertía cómo el nacimiento del Estado moderno fue impulsado de forma decisiva por los banqueros, obsesionados por la seguridad de los negocios : “Se formalizó así un matrimonio de intereses bendecido por el capital, con reparto de papeles bien definido. Los magnates del dinero, conscientes de que el poder es por naturaleza oculto, se reservaron una función discreta, mientras que se les reconoció a los políticos el señorío del gran teatro de la vida pública”. Una vez concluido el período en política, sólo queda pasar al otro lado del escenario. Taguas y Zaplana serían, exclusivamente, los últimos actores de una farsa en la que se cruzan el interés público y privado.

David Taguas

El paso de David Taguas a la SEOPAN, la patronal de las constructoras españolas, ha sido leído por la prensa mainstream como un caso de comportamiento reprobable que debería ser tratado como un asunto de incompatibilidades. Sin embargo, si se considera la trayectoria de Taguas al frente de la Oficina Económica del Presidente, el affaire Taguas no parece tanto el caso de un político que se pasa a la empresa privada para utilizar información privilegiada –como podría ser el caso de Zaplana– sino más bien un paso más en un proyecto político al que el Gobierno parece dar una enorme importancia estratégica : poner todos los recursos del Estado al servicio de los protagonistas de la burbuja inmobiliaria. En este sentido se podría hablar de un nombramiento oficial de Taguas al frente de la SEOPAN sin demasiado riesgo de exagerar.

Taguas fue nombrado director de la Oficina Económica del Presidente con el apoyo de las grandes constructoras globales españolas. Sin embargo, una de sus labores más visibles fue la facilitación de los contactos entre el lobby de las 14 inmobiliarias más poderosas de España, el llamado G-14, y el Ministerio de Vivienda. Estos contactos tuvieron como resultado la ampliación del Plan de Vivienda 2005/2008. Este plan abría varias subvenciones a los promotores inmobiliarios para deshacerse de las viviendas que no venden y, así, recomponer sus beneficios.

Pero la verdadera función estratégica de Taguas en estos momentos está relacionada con otro aspecto de las políticas económicas “anticíclicas” : la construcción de infraestructuras. Una vez ha empezado el declive de la actividad constructora en el mercado inmobiliario, en España pero también en Europa, las grandes constructoras exigen al Gobierno, los contratos de obra pública necesarios para pasar la crisis sin demasiados apretones. Desde la Oficina Económica del Presidente se ha promovido una visión de la aceleración de la construcción de infraestructuras como única salida viable al declive de la construcción que hoy se acepta acríticamente en todos los partidos políticos y medios de comunicación. La aceleración del hiperexpansivo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que prevé doblar los kilómetros de autovía y la agilización de los ya de por sí ligeros procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, son los dos primeros objetivos políticos de los constructores que están casi conseguidos. Siguiendo la pomposa jerga burocrática, la centralidad económica de la construcción de infraestructuras se va a consolidar siguiendo la fórmula de Colaboración Público- Privada (private public partnership), un tipo de marco legal en el que el Estado garantiza tanto el volumen de actividad como los beneficios de las grandes empresas privadas.

Sin embargo, este idilio público-privado tuvo su primer fracaso con la licitación de la obra de la R-1, el desdoble de la N-I en Madrid, en el que las grandes constructoras boicotearon al Ministerio de Fomento por considerar, en palabras de Fernando Gutiérrez, presidente de la comisión de concesiones de SEOPAN, que “las cuentas no salían” y que no había márgenes de rentabilidad adecuados. Después de estos ‘desencuentros’ ha llegado el nombramiento de Taguas, cobrando un 80% del sueldo público de su anterior cargo, y, entre otras cosas, el Gobierno ha encargado a SEOPAN un informe en el que se especifique en qué debe consistir la Colaboración Público-Privada para hacerla atractiva a ojos de los constructores.

Eduardo Zaplana

"Me tengo que hacer rico…, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”, decía Eduardo Zaplana en 1990, durante una de las conversaciones telefónicas recogidas en el llamado Caso Naseiro, que dejaba al descubierto una trama de financiación ilegal del PP. Zaplana, con 33 años, empezaba entonces a tomar posiciones en el partido derechista, refundado bajo la batuta de Aznar. El recién nombrado ‘embajador’ de Telefónica en Europa se ha mantenido siempre fiel a aquella elocuente declaración de intenciones : todas sus actuaciones han estado animadas por la búsqueda del enriquecimiento. Con el apoyo de los personajes subalternos de su entorno político fiel ,ha constituido un pozo negro en el que se han sumergido ingentes cantidades de dinero público : en el Ayuntamiento de Benidorm, en Terra Mítica o en sobredimensionadas adjudicaciones de contratas a amiguetes desde el Ministerio de Educación. Varios de sus más estrechos colaboradores están procesados por estos trajines continuados, pero Zaplana ha conseguido que, hasta ahora, la cosa sólo llegue hasta su cordón de seguridad. Ya se sabe que la Justicia está para perseguir a los pobres y los insumisos.

Ni los banqueros, ni los políticos corruptos, ni los amigos del rey acaban entre rejas. Cuando vino a Madrid para incorporarse al Gobierno de Aznar, Zaplana, con su característico estilo de nuevo rico, adquirió un piso en el Paseo de la Castellana de más de 500 metros cuadrados. El recibo mensual de la hipoteca era superior a sus ingresos como ministro, pero la política institucional permite reeditar a diario el milagro de los panes y los peces. Ahora, como gran ejecutivo de Telefónica, podrá llegar más holgadito a fin de mes y sin que se sospeche tanto de sus cuentas. La antigua empresa pública se ha convertido en un INEM de lujo para políticos en excedencia.

El socialista Luis Solana inició su proceso de privatización y fue Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar, quien lo culminó. Desde entonces, se han hecho multimillonarios a costa de ella unos cuantos personajes vinculados al Clan de Valladolid, con el que Zaplana ha mantenido siempre una estrecha relación. Incluso el propio Manuel Pizarro fue cariñosamente acogido en el seno de Telefónica como consejero tras dejar la presidencia de otra empresa pública privatizada, Endesa, con una indemnización de sólo 14 millones de euros. De este peculiar INEM se benefician, sobre todo, personajes ligados al PP –el PSOE tiene su propia red–, pero no falta alguna guinda del partido gubernamental en el pastel telefónico, como el ex secretario general de las Juventudes Socialistas, Javier de Paz, consejero de la entidad. Parece que Paz ha contribuido a acelerar el fichaje de Zaplana. Se dice que el ex presidente de la Generalitat puede ayudar a la expansión de la empresa en Italia, dada su buena relación con Berlusconi, una especie de gran Zaplana enfangado en numerosos pleitos judiciales que nunca se resuelven. El político cartagenero no habla italiano, francés ni inglés. Tampoco valenciano, a pesar de que es una lengua romance hermana del castellano y de que tuvo incluso un profesor particular cuando era presidente de la Generalitat. Pero no cabe duda de que sí conoce a la perfección el lenguaje de Berlusconi.

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