SGAE : el negocio de cobrar por todo:Miguel González se quedó atónito cuando un representante de la SGAE entró en su bar de Badajoz y le dijo que a partir de ese momento tendría que pagar a la entidad 13,52 euros al mes por tener un televisor. “No es lógico que nos quieran cobrar, porque yo estoy en el bar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y tengo derecho a informarme de lo que pasa”, señalaba González, quien añadía : “Se están pasando un poco, a este paso nos van a cobrar por todo”. Estas declaraciones del hostelero extremeño en 2006 parecen una premonición, corroborada por la explicación de ese caso por parte del delegado de la SGAE en Extremadura : “Si todavía hay negocios que no han sido visitados es porque no hemos tenido tiempo de ir a todos”.
De momento, siguen sin conseguir llegar a todos, pero cada vez son más los que sufren el afán recaudatorio de la SGAE : desde bodas y bares hasta compañías de autobuses y hoteles, pasando por festivales solidarios y radios comunitarias. Como es lógico, esta intensa labor da sus frutos : la entidad alcanzó en 2007 unos ingresos de 377,2 millones de euros, un 10,1% más que en 2006. Y eso que en 2007 el nuevo canon por copia privada a los soportes digitales aún no se aplicaba. Esta medida supondrá 40 millones más al año, según estimaciones de Teddy Bautista, presidente de su consejo de dirección. Se supone que este dinero va a sus afiliados. Sin embargo, según ha revelado Público, la SGAE acumula 179,7 millones procedentes de recaudaciones de ejercicios anteriores, porque parte de sus beneficiarios últimos están “en proceso de identificación”.
Si éstos no aparecen en cinco años, el dinero pasa a la caja de la entidad, según sus estatutos. La normativa interna también especifica que son los autores quienes deben reclamar la cantidad, pues la SGAE nunca reparte por voluntad propia.
La vida sonríe a la SGAE, pero ésta no se conforma con ser una sociedad de gestión y busca, al estilo de las empresas capitalistas, la expansión. En los últimos años, ésta ha venido de la mano de la compra de cines y teatros, tanto en el Estado español (por ejemplo, el Teatro Fleta de Zaragoza, del que es copropietaria junto al Gobierno de Aragón) como en el extranjero (cines Astro, en Buenos Aires, o el Teatro Lírico de México DF).
Socios disidentes:
No obstante, no todo es idílico en la SGAE. La Agencia Tributaria tiene abiertos expedientes e inspecciones fiscales que abarcan sus últimos cuatro ejercicios, de 2004 a 2007, por haber detectado indicios de fraude fiscal. Las críticas a la gestión no sólo le vienen desde fuera. Los músicos Luis Cobo “Manglis”, José Antonio Prieto y Antoliano Toldos, todos ellos socios de la SGAE que tienen varias denuncias interpuestas contra la entidad, convocaron una rueda de prensa el pasado 7 de mayo con el fin de denunciar la situación en que se hallan los socios, así como las deficiencias del funcionamiento interno y gestión de la SGAE. Los músicos criticaron que el 90% de los socios no tienen ni voz ni voto en la gestión de la entidad y que sólo una tercera parte de los asociados perciben ingresos. Según ellos, la SGAE abre expedientes disciplinarios y sanciones económicas a los socios que mantienen discrepancias con la dirección.
Además, denunciaron la desaparición de más de 60 millones de euros procedentes de los fondos de pensiones del Montepío de Autores de la Fundación de la SGAE. Curiosa fue también su narración de las irregularidades en la ‘toma del poder’ de la actual dirección de la entidad en 1977. Fue en 1988 cuando ésta misma incluyó a los editores en la SGAE. Son éstos quienes manejan la sociedad gestora en detrimento de los autores, indicaron los socios disidentes.
Otro de los indicios preocupantes para la entidad son los reveses judiciales que ha recibido últimamente en cuanto a recaudación. Un caso conocido es el hotel burgalés al que la SGAE reclamaba 2.157 euros por no pagar los derechos de autor por la música que ofrecía a través de su hilo musical, y que fue absuelto porque pudo obtener dicha música mediante un sistema de licencias libres. Otro que también se libró fue el propietario de una sala de Tomelloso. El juez pidió a la SGAE que probara la posesión de los derechos de los grupos que sonaban en el bar, y la SGAE rehusó hacerlo. Más curioso fue el caso de la comisión de festejos de un barrio ourensano, a quien la entidad pedía 3.400 euros, pero la demanda no prosperó al carecer la comisión de personalidad jurídica. Se trata de pequeños casos que, si se extendieran, podrían hacer cumplir el viejo refrán : “La avaricia rompe el saco”
En 2005, la SGAE la tomó con las radios libres. Exigía el pago de las “cuotas no pagadas” (entre 2.000 y 3.000 euros) y el pago de una cuota mensual desde entonces (60 euros como mínimo). Radio Vallekas, Onda Merlín, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Fuga, Radio Utopía y Radio Almenara (a la que pedían 30.000 euros) se vieron en el banquillo de acusados. Según Javier García, de Radio Almenara, “la estrategia de la SGAE ha sido la presión y coacción jurídica aprovechando nuestro desconocimiento y poca capacidad de defensa legal”. La mayoría de los casos se resolvieron con la retirada de la demanda a cambio de empezar a pagar la cuota mensual, aunque otras radios como Radio Guinguada o Radio Libre de Segovia consiguieron escapar de la SGAE.
CNT responde en la calle:
La SGAE no se conforma con acallar las críticas internas. En febrero de 2006, su director de Relaciones Corporativas, Pedro Farré, avisó : “Vamos a ir hasta el final. El que nos llame gángsters, que busque un buen abogado”. La Asociación de Internautas, la Frikipedia y Alasbarricadas pueden dar fe de lo caro que sale criticar a la SGAE o a sus miembros más destacados. Las tres entidades fueron condenadas judicialmente por “intromisión ilegítima al derecho al honor” de la organización. Este año el sindicato CNT y el diario Público se han sumado a la lista de víctimas. Al primero la SGAE le pide 9.000 euros por escribir un comunicado en solidaridad con la web anarquista Alasbarricadas.org. El segundo se enfrenta con la petición de 30.000 euros por llevar a cabo una supuesta “campaña en contra” de la sociedad de gestión. La novedad que supone el caso de CNT es que ésta no se ha limitado a defenderse por la vía judicial, sino que ha comenzado una campaña de acción directa que ya ha dado sus primeros pasos, como se puede comprobar en www.cnt.es/sgae
El canon, sueldo por gestionar, no por crear:
"Esta polémica es gratuita. El canon está firmado y fijado. No tiene freno, no hay marcha atrás, se llegó a un consenso mayoritario, y eso tiene que ir a misa. Sólo queda que el Gobierno firme la orden ministerial donde se dice cuánto se debe pagar por cada aparato. Y se habrá acabado la polémica”. Así de categórico se mostró Eduardo Teddy Bautista, el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en el mes de diciembre en El País, ante la polémica enmienda aprobada por el Senado que insta a suprimir el canon digital en el plazo de un año.
Un día después el Gobierno hizo público el reglamento que le reclamaban desde la SGAE. Seis meses después, la polémica sobre el canon digital continúa con mayor crudeza si cabe, el consenso se ha perdido porque PP, ICV, o UPyD, incluso el Parlamento Vasco, cuestionan en sede parlamentaria el canon digital. También los sindicatos CC OO y CNT-AIT. Incluso a la hora de escribir este artículo la Audiencia provincial de Barcelona ha paralizado las vistas de al menos seis casos de tiendas de informática, denunciadas por las entidades de gestión de derechos de autor por no facturar el canon digital. Según la Audiencia, “al habérsele planteado dudas sobre la ‘equidad’ del mismo, suspende todos los procedimientos hasta tener la opinión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Además, el reglamento está denunciado por la Plataforma Todos contra el Canon en la Comisión Europea y en el Defensor del Pueblo, por considerar que es arbitrario, indiscriminado e injusto. Nada de lo que anunció el señor Bautista se ha cumplido.
¿Cómo compensar a los autores por sus legítimos derechos, cuestión ésta que reconocemos como necesaria? Primero es necesario que el Gobierno dé marcha atrás con el reglamento y al menos espere a ver qué indicaciones de Europa. Después podemos hablar de las múltiples alternativas propuestas para que los autores tengan compensación y de las que sociedades de gestión y Ministerio de Cultura han hecho caso omiso. Una de las alternativas que gozan de mayor consenso es la de poner canon en los originales y no en los soportes, pero desde luego todas ellas pasan por aprovechar las ventajas que internet ofrece para que los autores sean compensados directamente por sus clientes.
Aquí topamos con la Iglesia, perdón, con las sociedades de gestión, que ven que con la utilización de internet su papel intermediario pierde todo su significado y por ende sus desmedidos afanes recaudatorios quedan en agua de borrajas.
Por eso no es extraño que muchos internautas razonen que el canon digital no es el salario de los autores, tal y como mantienen las sociedades de gestión, sino que es el salario de los que gestionan los derechos de los autores. Cosa muy distinta, y que sólo el ministro de Cultura y las sociedades de gestión no quieren aceptar.
Los trabajadores de la SGAE tienen miedo:
“Los derechos” son la piedra angular del discurso habitual de los directivos de la SGAE, quienes en ocasiones han llegado a comparar su labor de gestión con la actividad de un sindicato. “Nos haría mucha ilusión que compartieran estos sentimientos sindicales con los trabajadores”, declara sarcásticamente un miembro del comité de empresa de la sede madrileña de la SGAE que prefiere mantener el anonimato. Al margen de la polémica sobre la forma en que la entidad ejerce los “derechos de autor”, parece claro que los “derechos del trabajador” no son tan apreciados por el consejo de dirección presidido por Teddy Bautista.
El sindicalista consultado por este periódico declara que en los últimos años se han producido “actuaciones en delegaciones de la SGAE que son muy duras, cacicadas”. Éstas responden, según él, a una “lotería” que busca “escarmientos públicos irracionales y aleatorios”, por lo que la sociedad de gestión consigue su objetivo entre sus 470 empleados : “La gente tiene miedo”.
Sevilla es una de las localidades donde hay más ejemplos de este comportamiento. El más sonado fue el despido de una trabajadora en 2004. Según UGT, la razón real era que había testificado a favor de un compañero que había demandado por acoso a la SGAE y había sido despedido en el proceso. Además, esta trabajadora ya había recibido la carta de despido anteriormente porque en opinión del jefe de la delegación “vestía una minifalda y ésa no era la imagen de la SGAE”, siempre según la versión de UGT. La entidad tuvo que readmitirla, pero con el segundo despido la SGAE se cobraba sus ‘insubordinaciones’.
Sumados a otros casos, estos hechos llevaron en 2004 al comité de empresa de la SGAE a hacer público un duro comunicado. “Éstos son los nuevos tiempos en la SGAE ; siempre paga el más débil”, afirmaba el comunicado, que continuaba señalando que se había instalado “un régimen de terror en el que no hay compasión con el disidente”, pues el mensaje de “o estás conmigo o contra mí se ha convertido en moneda de curso legal”. Así mismo, el comité explicaba que la sociedad de gestión mantiene “jefes tóxicos” que han “ejercido presiones brutales a trabajadores que han desembocado en profundas depresiones” y, “una vez destruidos psicológicamente”, aceptan su baja como “una salida liberadora”.
De acuerdo a la fuente consultada por DIAGONAL, esta política laboral ha tenido muestras recientes en Madrid. En septiembre de 2007, una trabajadora que reclamaba que se le aplicase una categoría profesional superior fue despedida. Ya en 2008, un informático ha ido a la calle por reconocer su incapacidad para llevar a cabo un encargo. Nada extraño, si no fuera porque llevaba diez años trabajando para la empresa.
Convenio sin cumplir:
En octubre de 2007, Natalia Gómez de Enterría sustituyó a Estrella Pérez de la Fuente como gerente de Recursos Humanos de la SGAE. Las expectativas sindicales de que el cambio de persona conllevase un cambio de actitud no se cumplieron.
Desde el comité de empresa de Madrid se asegura que Gómez de Enterría sigue las “mismas sendas” que su antecesora : “falta de respeto” y “saltarse el convenio”. Este incumplimiento del convenio de empresa se traduce principalmente en unos “límites de tiempo traspasados ampliamente”. Según esta fuente, el pacto horario entre empresa y trabajadores de la SGAE indica que el 35% de los empleados desarrollarán su actividad en horario partido, y esta cláusula se ignora de forma constante. El sindicalista afirma en este sentido que un dictamen de Inspección de Trabajo en el verano del año 2005 denuncia a la SGAE por incumplimiento de convenio. Por todo ello, la fuente consultada advierte : “No desechamos la posibilidad de movilizaciones”. “Si insistentemente no se respetan los acuerdos, combinaremos los juzgados con la acción sindical”, añade, consciente de la potencia de los gabinetes jurídicos de la SGAE.
Socios de la SGAE contra la demanda a CNT:
Continúa el conflicto entre la SGAE y el sindicato CNT, al que pide 9.000 euros por hacer público un comunicado en su contra. La organización anarcosindicalista, que considera la demanda como un ataque a la libertad de expresión, continúa su campaña de concentraciones frente a actos de la SGAE en diversas localidades. Por otro lado, CNT ha hecho público un manifiesto en el que 33 asociados de la SGAE critican el proceso judicial iniciado por ésta.
Los socios de la SGAE, entre los cuales se encuentran músicos reconocidos como el cantante y compositor vasco Fermin Muguruza, la cantante Amparo Sánchez o el grupo madrileño de hardcore Habeas Corpus, se deslindan de la actitud de la SGAE al manifestar su “total desacuerdo con la demanda” pues “cualquier individuo u organización tiene el derecho de expresar su opinión acerca del funcionamiento y actividad de la SGAE”. Así mismo, los firmantes afirman que la entidad dirigida por José Luis Borau y Teddy Bautista no les consultó en ningún momento la decisión de iniciar el proceso judicial, lo que para ellos constituye una muestra de “serias deficiencias en cuanto a su democracia interna”. El comunicado concluye solicitando a la SGAE que retire la demanda y que no recurra a estos métodos de ahora en adelante. De esta “política de imagen” son víctimas, además de CNT, la web Alasbarricadas. org, el diario Público o la Asociación de Internautas. Al cierre de esta edición la SGAE no había respondido públicamente a la opinión de estos socios, cuyo número no deja de aumentar, según CNT. El sindicato recoge firmas de los asociados en la dirección de correo electrónico graficas_madrid@cnt.es
De asesora a practicante:
Antes de fichar por la SGAE, su actual gerente de Recursos Humanos, Natalia Gómez de Enterría, formaba parte del plantel, junto a varios familiares, de Sagardoy Abogados, un despacho dedicado fundamentalmente a la asesoría laboral a empresas. Esta empresa es una escuela excelente para cualquier abogado de empresario, pues para algo fue su presidente, Juan Antonio Sagardoy, uno de los principales responsables de la legislación laboral de la Transición, época en la que se puso fin al pujante movimiento obrero en el Estado español. Sagardoy Abogados ha estado involucrada en diferentes reestructuraciones de plantilla, como en el reciente Expediente de Regulación de Empleo aplicado por Radio Televisión Española. Las malas lenguas insinúan que la llegada de Gómez de Enterría podría tener algo que ver con posibles despidos en la SGAE de cara al futuro traslado a su nueva multisede en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, pero DIAGONAL no ha podido confirmar esta información. “Ni por parte de las fuentes sindicales consultadas, que hablan de ‘rumorología’, ni por parte de la empresa, cuyo departamento de comunicación ha declinado hacer declaraciones a este periódico”.
Lo aquí presentado es un compendio de artículos públicados durante el mes de junio en diagonalperiodico.net
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