Los ministros de Justicia e Interior del G-8 se reunían días antes de la Cumbre de Japón. En su mensaje final mostraron un repentino asombro por la profusión de pornografía infantil en internet. ¿Por qué?“Continuaremos con nuestros esfuerzos para mejorar la habilidad de prevenir, investigar y procesar estos delitos atroces contra los niños”, asegura el documento conjunto de los responsables de las carteras de Justicia e Interior de Japón, Italia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Alemania. Nada puede hacer dudar de las buenas intenciones de los ocho ministros más justicieros del mundo, salvo un discreto y anodino párrafo inferior en el que vaticinan una “colaboración más estrecha de sus autoridades legales, proveedores de servicios y otras organizaciones civiles” para evitar los delitos a través de internet.
Desde otoño de 2007 se temía que esta última cita del G-8 en Japón se ocupase, entre otras cosas, de gestar lo que los internautas más desconfiados bautizaban ya como la “policía del copyright”. La alarma cundía en mayo de 2008, con un par de artículos de Vito Pilieci en sendas publicaciones canadienses. Pilieci alertaba de las intenciones de su Gobierno de abordar en Japón la creación de un sistema transnacional de vigilancia fronteriza para controlar, nada más y nada menos, el contenido de sistemas digitales o electrónicos de almacenamiento de datos. En otras palabras : un funcionario de aduanas podría entrar en nuestro portátil para comprobar qué nos ‘bajamos’ del eMule o escuchar nuestro iPod para salvaguardar las leyes internacionales de copyright.
El supuesto preacuerdo, que debería ser ratificado en el país del sol naciente, aspiraba a crear un “organismo regulador internacional que podría convertir a los guardias de fronteras y demás funcionarios de seguridad en policías del copyright”. Estos vigilantes de gadgets tendrían la labor de inspeccionar portátiles, mp3, llaves USB, teléfonos móviles, CD, DVD y cualesquiera otros soportes susceptibles de violar en algún momento los derechos de autor de alguien, en algún lugar del mundo. El Acuerdo Comercial contra la Falsificación, ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), ya habría sido asumido por la Comisión Europea, Estados Unidos, Japón, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Canadá y México. La mayoría de estos países, presentes en la cita del G-8 en Japón. Todas estas medidas tendrían un objetivo aparente muy claro, combatir la piratería y las falsificaciones, pero la declaración de los ministros de Justicia del G-8 apenas menciona las palabras ‘internet’ o ‘copyright’. Entonces, ¿cómo se anuncia una nueva medida de vigilancia contra el libre intercambio de información en una sociedad tan sensibilizada ante los polémicos abusos de la industria ? Las palabras que más han resonado en los teletipos tras la cumbre ministerial han sido ‘terrorismo’ y ‘niños’. ¿Para anunciar más duros controles en los aeropuertos y convertir un mp3 en un artefacto sospechoso ?
“Estamos profundamente preocupados no sólo por los actos cometidos por organizaciones terroristas, sino por la creciente tendencia en muchos países que lleva a individuos no afiliados a ninguna organización a radicalizarse y a cometer actos terroristas […] Continuaremos con nuestros esfuerzos para mejorar la habilidad de prevenir, investigar y procesar estos delitos atroces –pornografía infantil– contra los niños […] y se establecerá una colaboración más estrecha de sus autoridades legales, proveedores de servicios y otras organizaciones civiles” para evitar los delitos a través de internet.
Ya en el discurso de apertura de la Cumbre, el ministro anfitrión, Shinya Izumi, se había encargado de sembrar las suspicacias habituales : “La delincuencia organizada transnacional está siendo perpetrada a escala mundial debido a la expansión de actividades económicas y sociales, así como al desarrollo y difusión de tecnologías de información y comunicación, como internet”.
Las reuniones bilaterales paralelas –como la de Francia con Japón– se encargaron de definir, negro sobre blanco y a puerta cerrada, los pormenores de la iniciativa que aguarda sobre la mesa la llegada a Sapporo de los presidentes y primeros ministros de los ocho países más industrializados del planeta. Una vez más, el orwelliano pretexto de la guerra contra el terrorismo, la pornografía infantil y el narcotráfico habrá servido para añadir otra presunción de culpabilidad a la onerosa tarea de embarcar en un avión con auriculares en las orejas.
El documento de cuatro páginas filtrado inicialmente y que preconfigura el ACTA puede consultarse en http://file.sunshinepress.org:54445/acta-proposal-2007.pdf
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