Tan interiorizada tienen la «normalidad» de esta situación de excepción, que determinados dirigentes políticos del país, hablan como si la realidad no fuese con ellos.El ataque con una bomba de la madrugada del viernes contra la sede del PSE de Derio provocó una nueva cascada de preguntas hacia los dirigentes de la izquierda abertzale. De hecho, a lo largo de la campaña no están faltando quienes, por una u otra razón, se dirigen a los líderes de este sector político, proponiéndoles que reflexionen o que corrijan el rumbo que mantienen en este momento.
Tras el atentado con bomba de ETA contra la sede del PSE de Derio, muchas de las declaraciones de condena y repulsa han tenido el añadido de exigir un pronunciamiento al respecto por parte de los dirigentes de la izquierda abertzale. Por no aburrir, limitaremos a dos los ejemplos.
El recién elegido presidente del BBB, Andoni Ortuzar, preguntó ayer a los dirigentes de la «izquierda radical abertzale» si «también se van a abstener de enjuiciar» el atentado cometido esta madrugada contra la Casa del Pueblo de la localidad vizcaina de Derio. Además, afirmó que, con esta acción, ETA ha intervenido tres veces en la campaña electoral, ya que, según ha relatado, la primera vez que lo hizo fue «amordazando a la izquierda radical abertzale, obligándole a que optara por la abstención en lugar de por el voto en las urnas» el próximo 9 de marzo. (Grave acusación que a buen seguro Baltasar Garzón y la Fiscalía del Estado agradecerán para seguir engordando los sumarios contra la izquierda abertzale. Cabe suponer que Andoni Ortuzar no se habrá dejado arrastrar por un irresponsable ataque de demagogia y en las próximas horas hará públicas las pruebas irrefutables que corroboren sus palabras.)
Por su parte, el dirigente de Ezker Batua, Mikel Arana, pidió a Batasuna, EHAK y ANV que, en lugar de solicitar a la sociedad vasca que se abstenga en estas elecciones, «sean valientes, rompan amarras con ETA y le reclamen, de una vez por todas, que se abstenga de volver a interferir con bombas en la vida política y social de Euskadi».
Y ante este tipo de preguntas, ¿qué dicen los dirigentes de Batasuna? ¿Qué dicen Arnaldo Otegi, Joseba Permach o Pernando Barrena, que antes no dejaban de dar ruedas de prensa? ¿Por qué callan, ahora? Tal vez sea por el sencillo hecho de que se encuentran encarcelados como la mayoría de esos que Andoni Ortuzar llama «dirigentes de la izquierda radical abertzale».
Que nadie vea en esto una frivolidad ni un intento de restar un ápice de gravedad al atentado contra la sede del PSE de Derio, que ojalá fuera el último acto de violencia que se produjera en Euskal Herria. Pero es preciso llamar la atención sobre el hecho de que determinados dirigentes políticos del país hablan como si la realidad no fuera con ellos. Han interiorizado tanto la «normalidad» de lo que sus propios partidos, en otros foros y cuando les conviene, definen como «estado de excepción», que ni siquiera parecen recordar en qué situación están aquellos a los que interpelan. Batasuna, ANV y EHAK, las tres for- maciones a las que se dirigía Mikel Arana, están ilegalizadas o tienen sus actividades suspendidas. Sus sedes están clausuradas. Es decir, no tienen sedes. La policía vigila los pasos de todos aquellos que puedan ser considerados como sus dirigentes, a la espera de recibir la siguiente orden de detención cuando se hayan reunido más de dos y su actividad pueda considerarse «contumaz rebeldía».
La cosa, como se ve, no está para tonterías, ni para virguerías literarias como decir que «la Ley Electoral también ilegaliza partidos políticos», como hacía Javier Madrazo anteayer. Que la Ley Electoral sea desproporcionada y que un partido con más votos acabe obteniendo menos representación que uno con menor apoyo puede ser injusto y condenarte a cierta invisibilidad. Pero que te ilegalicen es otra cosa. Porque a lo que te condena es a la muerte civil, a no ser y a no poder ser sólo por lo que piensas.
Hay quien dice que a la izquierda abertzale no se le ilegaliza por su ideología, sino por no condenar o no desmarcarse de ETA. ¿Por qué no se admitió entonces la inscripción en el registro de partidos de Abertzale Sozialisten Batasuna, que en sus estatutos recogía que llevaría a cabo su actividad «con respeto a los principios democráticos y al pluralismo social y político, así como mediante la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y los pueblos y empleando para ello, exclusivamente, vías políticas y democráticas»? ¿Qué pudo hacer de malo si ni siquiera nació? Hay que recordar que ETA mantenía su alto el fuego e incluso sus conversaciones con el Gobierno español.
También causan perplejidad discursos como el mantenido recientemente por Carlos Garaikoetxea, que apunta que los procesos de ilegalización pretenden causar «la inutilidad del mayor número de votos abertzales», para evitar que esos apoyos se dirijan a partidos que «planten cara» en las instituciones, y la conclusión es instar a los dirigentes de Batasuna a reflexionar sobre «si no ha llegado la hora de cambiar de estrategia». Es decir, Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena y el resto de mahaikides tienen que estar en la cárcel preocupados de que las ilegalizaciones cabreen a sus votantes, éstos se obcequen y se abstengan en lugar de votar a EA, ese partido que «planta cara» y exige que «el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación no sean ya retórica pura y no haya maniobras de distracción».
Se pregunta el ex lehendakari «qué va a suceder» en las próximas autonómicas cuando «subsista esta suspensión. ¿Qué parlamento vamos a tener, cómo va a estar la relación de fuerzas para defender ese derecho a decidir, ese plante institucional si se hace necesario?». Y se lo pregunta a Batasuna. ¿Por qué no se pregunta si EA, el PNV y EBB van a volver a aceptar convocar unas elecciones en esas condiciones antidemocráticas? ¿Por qué no hacer ese «plante institucional» ya, ahora, cuando hay mayoría suficiente, para exigir verdaderas condiciones democráticas en Euskal Herria?
Son muchos quienes en esto de las ilegalizaciones sólo ven cálculo electoral -e incluso se presentan como perjudicados por ello- mientras la represión se ceba con la izquierda abertzale para que no sea obstáculo en la reedición de un pacto autonómico, de una mera reforma estatutaria entre PSOE y PNV.
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