Perú presenta una ley para privatizar su selva amazónica.

EL presidente de Perú, Alan García, acaba de presentar un proyecto de Ley para privatizar terrenos del Estado que afectan a la Amazonía peruana y tacha de “comunistas primitivos” a quienes se oponen.

Alan García, presidente del Perú y favorito de Washington en la región, ha propuesto vender parte de la Amazonía peruana a inversionistas privados nacionales y transnacionales. El motivo que aduce es la creación de puestos de trabajo para las personas peruanas. El proyecto de ley nº 840/2006- PE (Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería), más conocido como la Ley de la Selva, ha provocado reacciones en contra de las comunidades que viven en estas zonas, y también entre los políticos en Lima. La Ley de la Selva buscaría, según García, “dar valor” a los terrenos eriazos de propiedad del Estado, los que según él están ahora sin uso útil por la ideología del “comunismo primitivo”, que no quiere generar riqueza para el país.

Pasión privatizadora

La loca pasión privatizadora del actual Gobierno se ha manifestado en sendos proyectos de ley que han sido recibidos por la población con un rotundo rechazo. Además de la Ley de la Selva se está discutiendo en el Congreso de la República otro proyecto propuesto por el Gobierno: la Ley de Promoción de Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, que busca privatizar las zonas aledañas a los monumentos históricos para la instalación de negocios turísticos privados.

En su reciente visita al Estado español, el presidente peruano declaró a la prensa que venía “a la búsqueda de Colón, que partió de América hace mucho tiempo y no ha vuelto” y señaló que espera esta segunda oleada de inversiones económicas, culturales y medioambientales. Para esto presentó como credenciales para los empresarios las fabulosas cifras del crecimiento económico peruano y la “estabilidad democrática y jurídica” que necesitarían los inversionistas.

García, después de afirmar que España es ejemplo de democracia, tolerancia y respeto de los derechos humanos, insistió en conseguir una nueva llegada de inversiones españolas en Perú, invitando a la “vuelta de Cristóbal Colón”. Preguntado por la prensa española y ante el rechazo de las comunidades, el mandatario aseveró que “el perro del hortelano”, teoría que utiliza para identificar a quienes no están de acuerdo con su gestión, son “todos los peruanos” y sus ideologías, que les “impiden ver lo práctico”, por lo que es necesario terminar con esas ideologías “deformantes” que llevan a la “intolerancia”.

Luego precisaría sobre dichas ideologías: “De ahí ciertas ideas, como que no hay que dar propiedad en la Amazonía porque es un bien intocable que pertenece a la Humanidad. ¡Hombre! La producción de oxígeno debe ser una obligación que pertenece a la humanidad. Aprovechar la madera y renovarla es una posibilidad de generar trabajo haciendo inversión. Estamos en un mundo ideológico que dice que no se puede tocar la Amazonía, porque es parte del idilio del comunismo primitivo”, asegura el mandatario.

Los principales problemas de la Ley de la Selva se refieren a la carencia en Perú de una política ambiental independiente. Hasta el momento, la gestión de esta tarea era llevada por el Ministerio de Energía y Minas, con un claro conflicto de interés –por no decir totalmente a favor– de las empresas mineras, a la hora de evaluar los impactos ambientales de los proyectos mineros en el país.

La actual propuesta de creación de un Ministerio de Medio Ambiente, lejos de ser una preocupación, es más un requisito cumplido tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Lo que se expresa en el tiempo récord de 20 días para la creación del mismo y de una política ambiental dirigida por el ambientalista Antonio Brack, quien también ha trabajado para algunas empresas mineras.

La consulta popular de sectores afectados es ilegalizada

Las comunidades afectadas, organizadas en el Frente Patriótico de Loreto (nombre de una región afectada), han rechazado estas propuestas y están preparando una consulta popular en contra de la misma. La consulta, como en casos anteriores, ha sido ilegalizada por el Gobierno. También se están preparando manifestaciones callejeras, huelgas y paros cívicos en las respectivas regiones. Ante esto, el Gobierno del APRA (el partido el poder) ha respondido acusando a las comunidades y a los ambientalistas de “comunistas del siglo XXI”, “perros del hortelano” y “traidores a la patria” por no querer el desarrollo económico del país. Por otra parte, organizaciones indígenas de la zona han hecho público un pronunciamiento en el que manifiestan: “Rechazamos categóricamente los proyectos de ley (...) por ser atentatorios contra los derechos adquiridos del pueblo amazónico en su conjunto. Más aún cuando los tratados internacionales conexos a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas forman parte de los compromisos del Estado peruano”. “Mientras perdure la arbitrariedad del Gobierno regional de Loreto y COFOPRI, digitados desde el Gobierno central, expresamos nuestro enérgico rechazo y advertimos a las autoridades centrales, regionales y locales la firme decisión de no reconocer las resoluciones que recortan el derecho al territorio y a la posesión. La Amazonía es nuestra, no del autor del perro del hortelano, ni mucho menos de los grandes consorcios económicos que pretenden ocupar nuestros territorios con la complicidad de este régimen”, continúan. Las cumbres del capital transnacional que se están preparando en Lima tendrán un recibimiento como se merecen.

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