El 20 de febrero se cumplían cinco años del cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria. El juez Juan del Olmo decretó un cierre “cautelar”, tras acusar a sus responsables de vinculación con ETA. En la práctica, la detención de sus editores y el despido de los trabajadores suponía la muerte del primer diario íntegramente en euskera desde la II República. No era la primera decisión de este tipo. En julio de 1998, otro diario vasco, Egin, era cerrado bajo la misma acusación: formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. Y la ofensiva judicial continuo en 2001 con la clausura de Ardi Beltza. Pero la presión sobre medios incómodos no se queda en publicaciones con nombre vasco. En diciembre de 2001, el semanario crítico cántabro La Realidad echaba el cierre tras una sentencia inasumible de 120.000 euros de multa por un artículo satírico sobre el ex presidente del PP Cántabro, Carlos Saiz. Ocurre también con los informadores. Según recuerda el periodista David Fernández, “antes del cierre de medios de comunicación, muchos periodistas y medios de comunicación sufrieron la persecución política y judicial. Casi siempre con el trasfondo de artículos donde aparecían el Ejército o Juan Carlos de Borbón”. Así, Fernández recuerda varios casos. La directora de Punto y Hora de Euskal Herria, Mirentxu Purroy, estuvo encarcelada 14 días por ‘injurias al Ejército’ en enero de 1977. Su siguiente director Sánchez Erauskin sufrió meses de cárcel por injurias al rey tras ser condenado a dos años por el artículo Paseíllo y espantá en 1981, tras la accidentada visita de Juan Carlos I a Gernika. Sobre Juanjo Fernández, también en el mismo medio, recayó una sentencia –tras ser absuelto en primera instancia– de seis años y un día en 1986 por el artículo Julio de los mundiales y agosto de las multinacionales publicado en Punto y Hora en 1982. Ha habido otros juicios menores. En Galicia, periodistas de A Nosa Terra fueron juzgados: el director Alfonso Eyre y el colaborador Manuel Ribeiro. El director de Egin también fue procesado en 1993.
En esta página recordamos algunas publicaciones silenciadas. Hay más. No incluimos radios o televisiones, que exigirían un mayor espacio. Los casos aquí descritos son la muestra, no obstante, de que la libertad de expresión reconocida por los derechos humanos y la Constitución no rige para quienes se desvían.
El diario Egin y la ley del silencio
El 15 de julio de 1998 se abrió la etapa liberticida del cierre de medios de comunicación en el Estado español. Cierres que políticamente le equiparaban –en la vieja Europa– a la calidad democrática de Serbia o Turquía. Paradójicamente, aquel cierre se justificó en nombre del “patriotismo constitucional”, cuando la misma Constitución Española prohíbe su cierre (aunque prevé su secuestro, como en el caso de El Jueves, de ediciones concretas) y sólo lo prevé en caso de Estado de excepción declarado (art 55.1). Eso consagró –judicialmente y de facto– un Estado de excepción contra los medios disidentes y un atentado flagrante no sólo a la libertad de expresión e información, sino también a la pluralidad y al derecho a recibir una información libre y veraz. Con el cierre de Egin –un periódico nacido en la Transición a través de una amplia participación popular– Garzón y el PP arrasaban también con la doctrina establecida por la sentencia 199/1987 del Tribunal Constitucional, que excluía toda posibilidad de cerrar medios de comunicación y modificaba la Ley de Prensa de 1984, que sí lo pretendía incluir.
La Operación Persiana, con la irrupción de 200 policías bajo las órdenes de Baltasar Garzón y el cierre de Egin y la radio Egin Irratia, abrió oficialmente la era de la caza de brujas, la ley del silencio y las voces candadas. A certificar la genética política de la operación contribuyó, desde Turquía, el ex presidente Aznar cuando anunció impertérrito: “¿Pensaban que no nos íbamos a atrever a cerrar Egin?”. El enésimo periódico del Estado español que había nacido con el lema “la voz de los sin voz” sucumbía herido de muerte después de una campaña lanzada en 1993 por Juan María Atutxa. Paradojas, la máquina enloquecida del antiterrorismo devoraba a uno de sus inventores, porque el ex consejero de Interior vasco ha acabado conociendo su propia medicina tras su procesamiento judicial. Si insólito es cerrar un medio –“delinquen las personas, no los medios”, dijeron entonces hasta Pedro J. y Ansón–, grave es la indefensión jurídica dilatada en el tiempo. Sólo tras ocho años –cuando la ley sólo prevé el cierre cautelar de empresas mercantiles por un período máximo de cinco años– se inició el juicio contra sus directivos, integrados en la causa del macrosumario 18/98. La sentencia conocida en diciembre pasado ha puesto precio a ser director y subdirectora de Egin en el Estado español: 14 años para Javier Salutregi y 14 años para Teresa Toda. Es la síntesis del precio de la libertad de expresión, que se cobra caro y con años de cárcel.
‘Ardi Beltza’, siguiente muesca:
La revista de periodismo de investigación Ardi Beltza (La Oveja Negra) siguió, en marzo de 2001, los mismos pasos que Egin. Cierre cautelar y suspensión de actividad ordenada por el juez Baltasar Garzón en aplicación del artículo 129, encarcelamiento de su director y muerte de otro medio de comunicación.
En este episodio, cabe destacar que la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional desestimó las acusaciones de Garzón –al que acusó de inventarse delitos inexistentes en el Código Penal como el de ‘señalamiento’– y puso en libertad al director en un auto donde se ubicaba el carácter “independentista y anticapitalista” de la publicación en el ejercicio al derecho de la libertad de expresión. Los jueces de la Sala Cuarta tardaron poco en comprobar el huracán inquisitorial, porque fue desmantelada después de una campaña mediática infame. Paradigmático del caso Ardi Beltza es el caso de su director, el periodista vasco-gallego Pepe Rei. En democracia ha sido detenido cuatro veces, tres veces encarcelado, pero nunca condenado. Rei sufrió la peor campaña personalizada de estigmatización y satanización contra un periodista libre.
Cabe señalar que en ambos casos la estrategia estatal fracasó. A la mañana siguiente de cada cierre, otra iniciativa tomaba el relevo y cubría el hueco del medio clausurado. Así, el 16 de julio nacía Euskadi Información –“una pataleta”, según Mayor Oreja, que le costó al ex ministro protagonizar la segunda portada: A Mayor Oreja, mayor bocazas– y que enlazó con el nacimiento de Gara, tras una campaña de suscripción popular que logró mil millones de pesetas. Similar experiencia vivió Ardi Beltza. Sus trabajadores decidieron que en el Estado español la libertad de expresión ya no estaba garantizada y decidieron instalarse, como antaño bajo la dictadura franquista, al ‘otro lado’ de los Pirineos, en el País Vasco bajo administración francesa. Allí nació Kale Gorria (la cruda realidad de la calle), que también sufrió la persecución de Baltasar Garzón.
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