Hacia la mercantilización de la Universidad: Llega el Plan Bolonia.

El Ejecutivo Zapatero acaba de promulgar un decreto sobre las enseñanzas universitarias, para aplicar las directrices impuestas por la UE en el llamado Plan Bolonia. El resultado de esta contrarreforma será una Universidad para privilegiados, con la investigación científico-técnica al servicio del beneficio privado y regida por los mismos criterios empresariales de cualquier multinacional.

Prácticamente desapercibidas han pasado, al parecer, las declaraciones efectuadas el lunes, día 14, por el rector de la ULPGC, José Regidor. Sin embargo, los acontecimientos que estas declaraciones adelantan no tardarán demasiado en afectar gravemente a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad canaria. Sus palabras merecen, por tanto, ser analizadas y situadas en su justo contexto.

Durante la presentación de las Jornadas de Financiación de las Universidades Públicas Españolas, José Regidor -hombre afín a los parámetros ideológicos del PSOE - se quejó de las "bajas tasas de las matrículas que mantienen las universidades canarias" que, en su opinión, "perjudican a estas instituciones y son inapropiadas respecto al resto de España y la Unión Europea". Además de defender la subida de estas tasas, el rector subrayó que "urge la reforma del sistema de financiación" de la Universidad, y defendió una revisión del sistema fiscal para conseguir que las universidades españolas "cuenten con más apoyo de las empresas privadas". En este sentido, Regidor reiteró su petición de que se permita a los empresarios instalados en Canarias invertir los fondos de la RIC en proyectos de "innovación".

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Lothar Siemens -acaudalado empresario, además de mediocre escritor- calificó de "fundamental" que se modifique la Ley de Mecenazgo para que la inversión privada pueda financiar proyectos públicos como las universidades. Siemens no dudó en calificar el sistema de financiación de las universidades canarias como uno de los "peores" del Estado, por su alta dependencia del dinero público. (Entre el 70 y 80% de su presupuesto es aportado por el Gobierno de Canarias).

Como colofón a este coordinado discurso a dos voces, el rector aseguró que "hay que darse prisa" a la hora de realizar estos cambios, porque "no hay dinero" y el que hay "es para mantener los recursos existentes". Y Lothar Siemens solicitó que las conclusiones que se obtengan en las jornadas se puedan aplicar al nuevo contrato programa que las dos universidades canarias elaboran junto al Gobierno autónomo. La consejera de Educación, Milagros Luís Brito, aseguró que el "Ejecutivo será sensible y receptivo" a estas peticiones. Pero si los cambios en la Universidad canaria, tan deseados por el rector, están a la vuelta de la esquina, no es fundamentalmente por la buena disposición de la consejera. En realidad, José Regidor sólo está continuando la senda iniciada por el anterior rector Manuel Lobo, llevando a la ULPGC las directrices de una contrarreforma educativa pergeñada en los años 90, y para cuya inmediata aplicación acaba de promulgar un Real Decreto el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

DEL 'LOBBY' EMPRESARIAL EUROPEO AL PROCESO DE BOLONIA

En 1999, en la ciudad italiana de Bolonia, los ministros de Educación de la Unión Europea firmaron una Declaración conjunta, que dio inicio a un "proceso de convergencia" cuyos objetivos declarados eran facilitar un efectivo intercambio de titulados entre los distintos países, así como adaptar los estudios universitarios a las demandas sociales. Estas llamadas "demandas sociales", no obstante, lejos de ser el producto de la expresión democrática de los ciudadanos supuestamente representados por los firmantes del acuerdo, habían sido impuestas con anterioridad por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos (ERT), uno de los grupos de presión más influyentes de la UE. Tres años antes de la Declaración de Bolonia, este "lobby", que agrupa a directivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault o Siemens, entre otras, presentaba un informe titulado "Educación para los europeos. Hacia la sociedad del aprendizaje", en el que podía leerse:

"El objetivo de este informe es presentar la visión de los empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y sociales del momento. La ERT espera que añadiendo la visión práctica de la empresa se pueda ayudar a provocar los urgentes cambios que, a nuestro juicio, requieren en la actualidad los sistemas educativos europeos".

Los miembros de la ERT, a quienes se puede considerar en justicia como los verdaderos artífices en la sombra de la política económica de la UE, también tuvieron éxito a la hora de definir el modelo educativo más adecuado a sus intereses particulares. El Proceso de Bolonia, que condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, hizo suyas las líneas fundamentales expuestas en su informe, orientando la trasformación de los sistemas universitarios en la dirección exigida por estos grandes poderes económicos, para ser "competitivos" frente a los EE.UU. y otras potencias emergentes.

HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: UNA ENSEÑANZA PARA PRIVILEGIADOS

Aunque los incrementos que sufrirán las tasas de matriculación de las Universidades en los próximos cursos bastarán, probablemente, para provocar las mayores protestas entre los estudiantes, éstos solo constituyen uno de los efectos de la reforma que está a punto de imponerse y que terminará -si nada lo impide- con el tipo de Universidad que hoy conocemos.

El Real Decreto de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la "reordenación de las enseñanzas universitarias oficiales", suprime definitivamente las diplomaturas y licenciaturas, para dar paso a una nueva jerarquización de las titulaciones en Grado, Máster y Doctorado. Los Grados ofrecerán una "formación general" orientada al ejercicio de actividades de "carácter profesional".Para especializarse y adquirir las "competencias, habilidades y destrezas" demandadas por empresarios y banqueros, quienes puedan permitírselo deberán realizar un Máster o Doctorado entre 3 y seis veces más caro que el Grado. Además, con la implantación del llamado Eurocrédito, sólo el 30% de los créditos de los que está compuesto cada curso corresponderá a las clases presenciales, por lo que habrá que pagar por tutorías, horas en la biblioteca, etc. Para hacer frente a los precios prohibitivos que alcanzarán los estudios superiores los alumnos tampoco contarán con las becas que hasta ahora habían conocido. Sólo podrán acceder a una beca-préstamo, con sus correspondientes intereses, que tendrán que pagar en cuanto concluyan la carrera, por lo que se incorporarán al mercado de trabajo con una "hipoteca" previa que mejorará aún más la posición de dominio de quienes demanden su fuerza de trabajo.

En la Universidad se establece, como puede apreciarse, un proceso de selección basado en el poder adquisitivo, que configurará una institución mucho más elitista, con una limitación drástica del acceso de las clases populares. La imposición de un nuevo horario académico similar a la jornada laboral, adecuado a una orientación mercantilista preocupada exclusivamente por producir "trabajadores eficientes" y no por formar ciudadanos instruidos y críticos, será otro obstáculo que contribuirá decisivamente a realizar la mencionada criba clasista. Máxime, cuando se establecerá también la asistencia obligatoria a todas las clases y el resto de actividades incluidas en los créditos, impidiendo así compaginar los estudios con el trabajo.

Paralelamente a estos cambios en los planes de estudio tendrá lugar un incremento progresivo de la financiación privada de las Universidades y, consecuentemente, del control de estas instituciones por parte de sus nuevos patrocinadores. También en este aspecto las declaraciones e iniciativas del rector de la ULPGC, que recientemente ampliaba un "convenio de colaboración" con el BSCH de Emilio Botín, han adelantado los futuros acontecimientos. La reflexión "sobre el sistema de financiación" a la que ha aludido José Regidor, se circunscribe, en realidad, al establecimiento de los mecanismos más adecuados para posibilitar el tránsito a este modelo que conduce, con paso firme y decidido, hacia la privatización de la universidad.

Pero no será preciso esperar a futuras regresiones para constatar quienes pasan a dominar las universidades del Estado español. El decreto gubernamental antes mencionado establece ya que la ANECA, (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), constituida en buena medida por profesionales representantes del mundo empresarial: "elaborará un informe sobre el plan de estudios que tendrá carácter preceptivo y determinante". Según el artículo 27 de este decreto, para la renovación de un título universitario será necesario un "informe positivo" de la ANECA.

Si un plan de estudios no supera la fiscalización de este organismo "se considerará extinguido… y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional". Se establece así, por ley, el procedimiento para que los "mecenas" determinen qué estudios pueden cursarse, así como los conocimientos y carreras que deben desaparecer por no ser adecuadas a sus "demandas sociales". Este proceso de privatización afectará también, obviamente, a la propiedad de las patentes de investigación, ya que las empresas no subvencionarán investigaciones de las que luego no puedan obtener sustanciosos beneficios. Los ideales de libertad y autonomía académica tampoco tendrán cabida, por tanto, en los nuevos centros de formación de empleados dóciles y "cualificados" en que se pretende convertir la institución universitaria.

Nos enfrentamos, pues, a la última vuelta de tuerca del proyecto neoliberal de la Unión Europea, en la que los mismos poderes económicos que han impuesto la precariedad laboral o la privatización de las empresas públicas como "necesidad" para posibilitar su crecimiento particular, atentan ahora contra uno de los pocos derechos sociales no desmantelados aún por completo. Al tiempo que la educación pública primaria y secundaria es sometida a un interesado proceso de deterioro, la Universidad se proyecta como "escuela de negocios" para privilegiados, con la investigación científico-técnica al servicio del beneficio privado y regida por los mismos criterios empresariales de cualquier multinacional.

En Canarias, el rector de la ULPGC, José Regidor, parece dispuesto a abanderar esta contrarreforma, que terminará por imponerse si una fuerte organización estudiantil y ciudadana no logra constituirse para evitarlo.

www.canarias-semanal.com

Más información sobre el Plan Bolonia en la sección Derecho positivo a debate (barra lateral del menú de inicio)

Escrito de los encarcelados por el sumario 18/98.

Felicidades Euskal Herria

Por medio del presente artículo, los encarcelados por el sumario 18/98 se dirigen a los ciudadanos vascos no para agradecerles la amplia respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional española, sino para felicitarles por haberse dado cuenta de que «el sujeto de la agresión no son personas concretas, sino la lucha por los derechos de Euskal Herria».

Felicidades Euskal herria por la respuesta ejemplar que por encima de intereses partidistas habéis dado en las calles, fábricas, comercios, centros de enseñanza... a la nueva agresión materializada en la condena que nos han impuesto en el macrosumario 18/98.

Felicidades porque habéis sabido ver que lo importante no somos las personas ni las organizaciones condenadas, sino el hecho de que con la sentencia se condena a Euskal Herria, su derecho a convertirse en una nación libre.

Felicidades y no gracias, porque nuestra llamada no pretendía que hiciéseis algo por nosotros. Era un llamamiento a construir con nosotros los pilares de esa Euskal Herria independiente y solidaria con los pueblos formada por personas libres y solidarias con las personas.

Por eso, porque nos sentimos orgullosos de nuestra militancia política, porque nos sentimos parte de un pueblo que lucha por su reconocimiento y dignidad, porque sabemos que pese a estar presos, exiliados, deportados, detenidos, en la clandestinidad... la lucha nos hace libres como personas y la lucha nos hará libres como pueblo. Por todo ello y por mucho más vivimos con orgullo nuestra detención, el banquillo y también nuestro ingreso en prisión. Jamás podrá atentar contra nuestro honor que policías, políticos y jueces españoles o franceses nos persigan y condenen; al contrario, es un auténtico honor compartir el destino de las mejores hijas e hijos de este pueblo en su larga lucha.

Y es que la única sentencia que para nosotros tiene legitimidad es la de nuestro pueblo. Y si ésta era ya clara y contundente, los días 2 y 13 de diciembre quedó reafirmada con el compromiso de seguir en la lucha. Esa es la mejor respuesta a los macrojuicios que nos precedieron, a los que vendrán y, en general, a los instrumentos que los estados crean para hacernos desaparecer.

Las imputadas y los imputados en el 18/98 hemos sido unos privilegiados. Hemos tenido la suerte de que nuestro juicio haya tenido un importante seguimiento mediático y han sido muchísimas las casas a las que ha llegado la constatación de que la tortura es la base de este sumario. Que la Audiencia Nacional española es un circo que en lugar de la risa persigue el sufrimiento. Que sus jueces son inquisidores que con sus condenas dotan de eficacia práctica a la tortura con el objetivo de acabar con el independentismo vasco. Han sido muchas familias las que han asistido escandalizadas ante los miles de kilómetros que nos han obligado a realizar, atemorizadas por los accidentes que hemos sufrido y ante la previsión de otros que podrían llegar hasta comprender que a eso no se le puede llamar accidente.

Queremos aprovechar esa situación de privilegio para decir que todo esto, tortura, Audiencia Nacional, kilómetros, accidentes... no nace con el 18/98. Son miles los vascos que han pasado por todo ello, vivimos el mismo infierno de la tortura, el mismo macabro circo de la Audiencia, los miles de kilómetros impuestos con nocturnidad, premeditación y alevosía sin que por desgracia sus situaciones hayan tenido el mismo eco mediático. Un beso con todo nuestro cariño a Txino y a toda la familia de Nati. Nuestro mayor desprecio a quienes crearon, mantienen y miran hacia otro lado ante esa máquina de matar que es la dispersión.

Muchas y variadas han sido las valoraciones que políticos y cargos institucionales han hecho de nuestra sentencia. No merecen ni respuesta un PP y un PSOE por ser quienes han perpetrado este atentado. Lógico que la reivindiquen si la merecen quienes pretenden llevar su análisis al terreno de lo jurídico y únicamente para decirles que ya es hora de dejar de esconderse en debates técnicos y afrontar el hecho de que la agresión es política y que es igualmente política la respuesta que merece.

Por nuestra parte consideramos que son tres las preguntas cuya respuesta evidencia la realidad ante la que nos encontramos: por qué, cómo y para qué.

Un somero repaso a las personas y organizaciones implicadas en los macrosumarios deja claro el porqué. Jarrai/Haika/Segi para cortar mediante el terror el relevo generacional que mantiene viva la lucha. «Egin», «Egin Irratia», «Ardi Beltza», «Euskaldunon Egunkaria» para controlar la información como medio para imponer la opinión y el pensamiento únicos. Joxemi Zumalabe Fundazioa y Ekin para acabar con lo que históricamente ha sido la base y el oxígeno de la lucha en Euskal Herria, la autoorganización popular. Udalbiltza para impedir la construcción de una institucionalidad propia que tenga a Euskal Herria como sujeto y la construcción nacional como motor. Batasuna para impedir la formación y crecimiento de una unidad popular en torno a la creación del Estado vasco. Xaki para impedir la solidaridad internacional en torno a ese proyecto político y a la superación democrática del conflicto. AEK en su día y «Euskaldunon Egunkaria» de nuevo para impedir que el euskera llegue a ser la lengua del pueblo. El movimiento pro-amnistía para impedir que el círculo de impunidad de la represión creado por el Estado se vea roto por el trabajo militante y solidario de miles de vascos.

El cómo lo estamos viendo. Les es imprescindible acabar con el derecho a pensar, a organizarse a expresarse, a manifestarse, a votar, a ser votados... El cómo implica la negación de los principios y derechos más elementales en democracia hasta convertir los derechos en privilegios otorgados o negados a capricho de quien gobierna y la democracia en un engendro como aquél en el que tan plácidamente vivieron franquistas como Mayor Oreja. También hoy vive plácidamente quien asume la imposición.

¿Para qué? Para hacer imposible la democracia vasca, la que posibilitará la creación de un Estado vasco si es que así lo decide la mayoría en Euskal Herria. A eso, a la independencia, es a lo que tienen pánico. A la posibilidad de que la igualdad, el respeto y la solidaridad sustituyan a la imposición, la negación y la guerra como los principios que guíen las relaciones entre los pueblos presos en los Estados español y francés.

Por eso los independentistas defendemos los derechos y la democracia, porque los necesitamos como el respirar para que nuestros sueños sean posibles y realizables. Por esos mismo los imperialismos español y francés temen a la democracia como a la peste, porque saben que con ellos llegará el fin de la imposición.

Esto es lo que hay. Por eso insistimos en que sometimiento o lucha, rendición o lucha son las únicas alternativas. Por eso decimos que están puestas las bases para pasar de la solidaridad al trabajo en común en defensa de los derechos de las personas y de Euskal Herria por el logro de la democracia vasca, la misma que hará que la voluntad del pueblo sea el único límite a la hora de decidir su presente y futuro. La misma que traerá la superación del carácter violento de la confrontación.

Esta es nuestra propuesta de trabajo en común y ése es el espíritu con el que os llamamos a responder.

Por nuestra parte deciros que, ahora desde la cárcel, nos reafirmamos en nuestro compromiso militante.

Esta será probablemente la última vez que nos dirijamos a vosotros como colectivo de imputados/encarcelados tras el sumario 18/98. Ahora somos ya integrantes del colectivo de presos políticos vascos y desde ahí pelearemos.
Eso sí, como decíamos en la calle, no queremos que luchéis por nosotros, lo que buscamos es que luchéis con nosotros. Por eso, felicidades y no gracias. Por eso, una llamada para pasar de la solidaridad al trabajo en común.

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El control de las libertades en internet y la nueva ‘ley mordaza’

Con la LISI, el Gobierno amplía a las “autoridades competentes” la posibilidad de ordenar el cierre de una página web, algo que hasta hace poco sólo se podía llevar a cabo con una resolución judicial.

Hubo una época en la que los académicos, los periodistas, los ciudadanos y los políticos planteaban recurrentemente la cuestión: ¿se puede regular internet? La respuesta ha llegado de unos años a esta parte en forma de leyes que tanto en Europa como en el resto del mundo están cercando un campo que se creía imposible de vallar. La última ley aprobada en el Estado español, la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), establece que determinadas “autoridades competentes” (que no se especifican en la ley) podrán ordenar el cierre de páginas web y sitios de internet, algo que hasta hace poco sólo podía autorizar un juez. La medida supone un recorte drástico a la libertad de expresión de los ciudadanos en internet, que queda en manos de esas ‘indefinidas’ autoridades competentes, según diversas asociaciones que se han manifestado en contra, entre ellas la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de internet y la Comisión de Libertades de Internet, entre otras.

La ley, publicada el 29 de diciembre de 2007, “vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, y otros, como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales”, según el informe de la Oficina del defensor del internauta de la AI. Un par de meses antes, el Congreso aprobaba otra ley que suscitó la airada reacción de los activistas de internet nuevamente. Una nueva ley para la retención de datos en las comunicaciones electrónicas que obliga a las empresas de comunicaciones (operadoras móviles y fijas, proveedores de internet, etc.) a guardar masivamente, durante dos años, los datos de todas nuestras comunicaciones: cuándo llamamos o nos conectamos a internet, a quién llamamos, desde qué lugar (en el caso de los móviles)...

Todo ello para que la Policía y demás cuerpos de seguridad puedan acceder a esa información. Ante este panorama, la opinión del presidente de la AI, Víctor Domingo, es pesimista: “Nos encontramos con un retroceso de las libertades con unas leyes que son aprobadas por el Gobierno, como si tal cosa, con toda naturalidad”. La nueva LISI, por ejemplo, toca de lleno la cotidianidad de los internautas. Un joven abre un blog y critica a la dirección de su instituto, la cual solicita el cierre del blog por la “mala imagen que da del centro”. El caso señalado se saldó con una denuncia y juicio por un comentario anónimo injurioso en el blog. Sentencia y multa de 200 euros por las injurias del anónimo. Un año después, aquel joven continúa con su blog escribiendo sobre política y temas sociales. Es el ejemplo perfecto que plantea la nueva LISI, porque, ya aprobada la ley: ¿quién será el responsable del cierre de esa web?, ¿podrá solicitarlo el centro escolar a una ‘autoridad competente’ que suprimirá la opinión de un alumno de internet?

Para unos, como la AI, la LISI abre la puerta a que conflictos de ese tipo o similares se solucionen sin pasar por los tribunales, dándole potestad a ciertos ‘órganos competentes’ para cerrar las páginas. Desde el PSOE se ha defendido que la ley “no atribuye nuevas competencias a nadie, ocurre lo mismo que en la vida real, y nadie podrá cerrar un blog salvo un juez”. Pero para las asociaciones civiles como la AI el asunto no está tan claro, y tampoco para el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Pedro Martínez, que considera que “es una ley que nace viciada, que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que debería haber sido tramitada por lo tanto como ley orgánica y no como ley ordinaria”.

Las entidades de gestión como la SGAE, responsables de recaudar el canon, han tratado de que la ley les facilite la posibilidad de perseguir determinadas prácticas que hasta el momento los tribunales no han considerado ilegales. No han accedido a sus reclamaciones. “Han hecho una ley a medida de las entidades de gestión, para permitirles clausurar páginas web de internet sin necesidad de acudir a los tribunales”, replica Martínez. “Este debate no es nuevo, ya lo tuvimos hace unos años”, recuerda Domingo, “y lo ganamos”. La batalla, sin embargo, vuelve a plantearse. Y lo que para algunos constituye la lógica regulación de internet para otros representa la amputación de derechos fundamentales. Lejos queda aquel alegato que hace 11 años lanzaba John Perry Barlow: “Gobiernos del mundo industrial… no sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos”. En aquel momento se creía que internet no podría ser regulado. Las tornas han cambiado, con cada nueva ley de internet los ciudadanos se juegan buena parte de sus derechos civiles, y lo hacen de forma definitiva, sin vuelta atrás. Las previsiones de algunos testigos sobre el tipo de sociedad que va a resultar son sombrías. Y la indiferencia sobre estos asuntos es extensa.

Las comunicaciones privadas al descubierto
Con la nueva ley sobre retención de datos, aprobada el pasado octubre, se crean repositorios masivos de datos a los que la Policía podrá acceder de forma indiscriminada una vez que tienen autorización judicial. Los datos de nuestras comunicaciones privadas podrán ser examinados “para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir”, somos sospechosos por defecto, señala el teniente fiscal de Madrid Pedro Martínez. Esta legislación crea una asimetría total entre el Estado y los ciudadanos, según lo interpreta la Comisión para las Libertades en Internet. Mientras el Estado sabe cada vez más de los ciudadanos, éstos ignoran cada vez más la vigilancia a la que se encuentran sistemáticamente sometidos: “El Estado y las empresas acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros”, decía en un informe realizado sobre esta ley.

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Fabra, el cacique del PP en Castellón.

El protagonista del lento y complejo ‘Caso Fabra’ ha sido agraciado –y ya van tres veces– con un premio de dos millones de euros en el sorteo del Niño de la lotería. El hecho recuerda sospechosamente a las 50 veces que, en 15 años, la suerte sonrió a la familia de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama urbanística de corrupción en Marbella. La compra de billetes premiados de lotería es todo un clásico del blanqueo de dinero negro.

El sorteo del Niño de la lotería ha dejado un ganador muy aficionado a ganar dinero: Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y máximo líder del PP castellonense. Dos millones de euros que han ido a parar al bolsillo del polémico político castellonense, imputado por una posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.

El particular estilo de Carlos Fabra, abogado y corredor de seguros, le ha llevado a tejer una amplia red clientelar dentro y fuera del Partido Popular en Castellón. El sector empresarial –especialmente de la construcción– ha estado muy ligado a los tejemanejes del presidente de la Diputación en la remodelación radical que ha sufrido Castellón. Su peculiar forma de hacer política incluye a 26 asesores nombrados a dedo –700.000 euros en sueldos– o gastos en 2003 de 165.000 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros. Todo ello a cargo del erario público. Su influencia en la política valenciana ha sido fundamental. En plena carrera por el poder autonómico en 1993, Eduardo Zaplana, cuya influencia se concentraba en la zona de Alicante, comprendió perfectamente que debía contar con el cacique castellonense. La experiencia de Zaplana en el ‘Caso Naseiro’ se convertiría en un interesante espejo para el castellonense.

Sin embargo, años más tarde, Zaplana parte hacia Madrid, al Ministerio de Trabajo del Gobierno de José María Aznar. La persona que, en un principio, era el fiel escudero que protegía la retaguardia política valenciana de Zaplana, Francisco Camps, se rebeló contra el cartagenero, convirtiéndose en su peor enemigo y desencadenando una fraticida guerra interna entre campistas y zaplanistas. Y en esta guerra el eterno cacique de las gafas oscuras tuvo un papel clave accediendo finalmente a apoyar la hegemonía campista que el nuevo presidente autonómico reclamaba frente al cada vez más alejado portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso.

Apoyo del partido

Pero significativamente, Fabra, que está siendo investigado por el uso electoral de censos de extranjeros en las últimas elecciones municipales del 27-M, a las cuales el imputado se presentaba contradiciendo así el “código ético” del PP, ha contado con el apoyo de ambos en relación a sus numerosos problemas con la justicia. “Tengo la seguridad” –afirmaba Zaplana en 2004– “de que cuando acabe el proceso, sea de forma inmediata o posteriormente, con la tramitación de la querella, la honorabilidad del señor Fabra quedará fuera de toda duda”. “Le conozco bien y sé que será así”, añadía. Por su parte, Camps afirmaba que el político imputado “tiene todo el respaldo personal y político de todo el Gobierno y del PP”. Hasta le organizó una cena de homenaje.

La carrera política de Fabra al frente del PP de Castellón ha ido en paralelo a un sospechoso enriquecimiento personal. Desde que accedió al cargo en 1995, ha multiplicado por siete el valor de su patrimonio. También multiplicó por 11 el número de sus acciones en bolsa: de 696 a 7.910. La Agencia Tributaria detectó 600.000 euros no justificados por Fabra y la jueza sumó esta investigación a la causa abierta en 2003 contra el líder del PP por el empresario Vicente Vilar. Éste acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de agilizar las gestiones políticas para obtener la autorización de productos fitosanitarios.

Fabra es administrador único de Carmacas S.L., una empresa de consultoría, creada en agosto de 2004 para la asesoría laboral y la formación y prevención de riesgos laborales. Por su parte, Vilar es propietario de Naranjax, un fabricante formulador de productos fitosanitarios. En junio de 1998, las esposas de Fabra y Vilar –María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente (ésta última separada de Vilar desde abril de 2003)– crean Artemis 2000, que paga, en agosto de 2000, 8.300.000 pesetas (49.884 euros) a la consultoría de Fabra en concepto de distintas asesorías, según Vilar. Asimismo, Artemis 2000 cede en exclusiva la distribución de sus productos (la gestión de las autorizaciones) a Naranjax.

Otro empresario, Manuel Ruiz, declaró que pagó 11 millones de las antiguas pesetas en una bolsa de plástico para que Fabra agilizase las autorizaciones de los productos fitosanitarios. Ruiz aseguró que el pago causó efecto desbloqueando así las licencias en Madrid. El empresario Ginés Márquez, testigo del ‘Caso Fabra’, declaró que el presidente de la Diputación participó en una cena en la que se trató sobre la venta de la firma Naranjax, S.L. contradiciendo así la versión de Fabra según la cual nunca ha “participado en nada de Naranjax”.

Altos cargos del PP

El ‘Caso Fabra’ ha salpicado de lleno a dos ex altos cargos del PP que han sido imputadas por la Audiencia de Castellón. Se trata de la ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y actual directora general de Familia, Infancia y Voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores, y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana y subsecretaria de la Consellería de Bienestar Social hasta junio del 2007, Pilar Máñez. Ambas deberán declarar en los juzgados sobre presuntos delitos contra la Administración pública. Esteban González Pons, conseller de Camps, declaró desde su despacho en condición de testigo. La magistrada suspendió la declaración del ex jefe de gabinete de Aznar, Alfredo Timermans, al no ser éste encontrado por la policía en su domicilio madrileño –un medio de Prisa lo localizó en Nueva York–.

En el juzgado de instrucción nº1 de Nules también han testificado por escrito Juan Posada (ex ministro de Agricultura), Celia Villalobos (ex ministra de Sanidad) y Miguel Ángel Arias Cañete (ex ministro de Agricultura). El ex ministro de Ciencia y Tecnología y actual coordinador electoral del PP, Juan Costa, tuvo que desplazarse hasta el juzgado. El empresario Vicente Vilar amenazó con aportar datos sobre la financiación ilegal del partido implicando además al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y al diputado del PP Miguel Prim. La juez Lourdes Novarques se convirtió hace un mes en la séptima magistrada que, en cuatro años, abandona el ‘Caso Fabra’. Cuando el cacique se sienta en el banquillo, la justicia se hace lenta, flexible, amable.

Los Fabra: un siglo en el poder
Carlos Fabra ha sido considerado por muchos como un auténtico cacique del siglo XXI. Porque de la mayor parte del siglo XX ya lo fueron sus antepasados. Y es que los Fabra han sido los caciques de Castellón desde principios del siglo pasado. Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente de la Diputación. Antes de morir tres sobrinos suyos fueron presidentes de la Diputación: Victorino, Hipólito y Plácido. El primero de los sobrinos dejará a su hijo Luis Fabra Sanz la Diputación como herencia que luego pasará a manos de Carlos Fabra Andrés. El hijo de éste, Carlos Fabra Carreras ocupará la presidencia de la Diputación en 1987 hasta nuestros días. Todo un siglo en el poder.

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De la CEE a la UE ‘superpotencia mundial’

...por Ramón Fernández Durán

La elaboración del nuevo Tratado de Reforma ha sido aún más antidemocrática que la de la Constitución. Su redacción final ha sido el resultado de una Conferencia Intergubernamental presidida por el secretismo, sin ninguna participación del Parlamento Europeo, ni de los parlamentos nacionales, ni ningún contacto o negociación con los “agentes sociales” –Confederación Europea de Sindicatos (CES), grandes ONG...–, a los que se involucró antes de cara a vender mediáticamente la imagen participativa del proceso constitucional. La aprobación del nuevo Tratado se hará por vía parlamentaria. La nueva Europa será una “Unión de Estados” en la que han sido suprimidos los ciudadanos, que ni siquiera se mencionan en el preámbulo, al contrario que en la Constitución.

El nuevo Tratado sigue abriendo la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones, sometiendo a estos “servicios de interés general” (ya no se habla de servicios públicos) a la lógica del mercado. Mientras tanto, la política social y la fiscalidad siguen sometidas al veto, imposibilitando una política comunitaria al respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la Unión. El gasto público social queda muy severamente limitado por el Pacto de Estabilidad, y se preconiza que los Estados deben alcanzar el superávit presupuestario, pero eso sí, se anima a gastar más, bastante más, en los presupuestos militares. Además, debido al hecho de que la iniciativa legislativa sigue residiendo en la Comisión Europea, ello hará que el marco comunitario responda cada vez más a las lógicas de los grandes conglomerados empresariales y financieros, que poseen importantes lobbies de presión en Bruselas. La Nueva Estrategia de Lisboa, o el nuevo documento de la Comisión: Europa Global, compitiendo en el mundo son un muy buen ejemplo de ello. Según el Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, puedan ganar acceso a los mercados mundiales”. El Tratado (y la nueva directiva del mercado único de capitales) da aún más poder al mundo del dinero, reforzando el papel del Banco Central Europeo. Por otro lado, el nuevo Tratado dota a la Unión de estatus jurídico internacional.

Más desigual

El Tratado configura una estructura institucional europea con distintos núcleos y periferias, que contendrá al menos dos grandes Europas. Una, el Eurogrupo, los 15 países que han adoptado el euro como moneda común. Ellos serán con toda probabilidad los que intentarán ir más allá en sus políticas de integración (“cooperaciones reforzadas”), y el nuevo Tratado lo permite en las áreas en que se pueden tomar decisiones por mayoría, aunque serán los actores más poderosos los que condicionarán su evolución. El otro grupo son los no miembros del euro –pero sí ya “eurizados”– del Este, que lo más probable es que tarden en integrarse en la moneda única, pues manifiestan severos desequilibrios económicos como consecuencia de su incorporación (dependiente) a la Unión.

Pero la futura Europa tendrá también otras periferias o círculos concéntricos. De hecho, las lleva construyendo desde hace tiempo. Una será la que se está creando en su flanco sur, la Unión Mediterránea, “presidida” por Francia pero en la que tendrán un papel importante España e Italia. La Unión Mediterránea buscaría también disputar a EE UU su hegemonía en el Mediterráneo. La otra gran periferia sería la del Este de la Unión (Ucrania, Bielorrusia, etc.), y su gestión más directa correspondería a Alemania.

La UE se está convirtiendo cada vez más en un nuevo Gran Hermano incontrolable. El proceso se inició ya hace años (acuerdo Schengen, grupo Trevi, etc.), pero en los últimos años, este endurecimiento no ha hecho sino profundizarse, en especial hacia los movimientos contestatarios, y el nuevo Tratado significa un nuevo e importante paso en la misma dirección. Los derechos políticos y las libertades están seriamente en cuestión. Las políticas de seguridad (y justicia) se comunitarizan. Y los Estados se decantan cada vez más por las políticas de ‘Tolerancia Cero’. Es más, el nuevo Tratado (al igual que la Constitución) contiene una Cláusula de Seguridad, que permite a la Unión intervenir en un país miembro en caso de ataque terrorista, catástrofe natural o humana (¿un levantamiento popular, tal vez?). Todo ello se intenta encubrir con una Carta de Derechos Fundamentales, de consecuencias jurídicas dudosas, que para nada recoge de forma vinculante los derechos sociales (cada día más erosionados), y que además ha quedado fuera del nuevo Tratado (en el que tan sólo se menciona su existencia).

De cualquier forma, todavía no está claro que los 27 puedan ratificar, todos ellos, el Tratado de Reforma antes de 2009. Las sociedades civiles europeas, organizaciones sindicales (principalmente fuera de la CES, aunque también dentro de la propia CES), organizaciones políticas y muy diversas organizaciones y movimientos sociales a escala de la Unión están rechazando progresivamente esta futura Europa que se diseña en el nuevo Tratado. Otra cosa es que ese rechazo in crescendo se pueda manifestar organizada y abiertamente, como cuando la Constitución. Máxime ahora que la ratificación del nuevo Tratado se quiere llevar a cabo eludiendo las consultas populares. Es por eso por lo que el punto de confluencia común de todos los rechazos es que el nuevo texto, al menos, se someta a consulta popular. Sin embargo, ese rechazo se manifestará con toda seguridad el día de las futuras elecciones europeas en 2009, cuando los ciudadanos europeos den la espalda de una forma aún más profunda que en el pasado a su cita con las urnas. Será un rechazo pasivo, lo cual agudizará aún más la profunda falta de legitimidad de la Unión.

En el Estado español, el referéndum de la Constitución fue la consulta electoral de más baja participación de la democracia española: 42%. A pesar del 77% de ‘síes’, sólo algo más de tres de cada diez ciudadanos apoyaron la Constitución. Al igual que el referéndum sirvió para impulsar un debate sobre el “proyecto europeo”, la futura y subrepticia ratificación parlamentaria debe ser utilizada para profundizar el debate en torno a esta Europa que está condicionando tanto nuestras vidas y nuestro entorno. Se están empezando a articular las resistencias a este proyecto en el interior y en el exterior de la Unión (el proceso Enlazando Alternativas entre América Latina y de Europa por ejemplo). Todo lo cual hará aún más complicado la cristalización de esta nueva Europa, provocando que los poderes europeos (o parte de ellos) se vean obligados a construir este futuro de forma autoritaria, y a defenderla a través de intervenciones militares a escala mundial.

El nuevo mundo que se abrirá dentro de poco tras el agotamiento del petróleo pondrá en cuestión las estructuras de poder. Es preciso pues oponerse a este proyecto y empezar a deconstruir esta Europa (y las estructuras estatales que la componen), para poder caminar hacia otras Europas y mundos. Todo es posible. El futuro está abierto.

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Los mercenarios, modernos guerreros del Imperio.

...por Daniel Pereyra, autor del libro ‘Mercenarios guerreros del Imperio’, de reciente aparición.

Uno de los oficios más antiguos del mundo cobra actualidad por obra y gracia de las necesidades militares de Estados Unidos y la avidez de ganancias de las empresas del entramado militar-industrial.

La CIA y el Pentágono utilizaron mercenarios en Guatemala (1954, golpe contra el presidente Jacobo Arbenz), Cuba (1961, intento de invasión por Bahía de Cochinos), Nicaragua (creación de la Contra, 1980 a 1990) y Afganistán (contra las tropas soviéticas, 1979 a 1989) y en la primera Guerra del Golfo (1990 a 1991). Fomentaron el empleo de mercenarios en África y América Latina, por parte de dictaduras y empresas multinacionales, que desarrollaban guerras sucias por la conquista del poder local o de materias primas.

A partir de la disolución de la URSS es cuando se produjeron los mayores cambios en la forma de hacer la guerra y en los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Uno de los más importantes cambios fue en 1992, cuando el secretario de Defensa Dick Cheney encomendó a Kellog, Brown & Root, filial de Halliburton (receptora de sustanciosos contratos con el Pentágono) un estudio sobre la privatización de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ese proyecto se comenzó a aplicar de inmediato, contratándose a Corporaciones Militares Privadas (CMP) y por su intermedio a mercenarios para múltiples tareas en sustitución de soldados regulares.

Los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos fueron ampliados, puesto que ya no existía el competidor soviético. En 1992, el proyecto Guía para la planificación de la defensa elaborado por el Pentágono y el Departamento de Estado “apuesta por la búsqueda de una primacía imperial basada en la necesidad de prevenir la emergencia de cualquier potencial futuro competidor global y de controlar para ello esa región (…) En Oriente Medio y el sudeste asiático, nuestro objetivo global es conservar al extremo el poder dominante en la región y reservar el acceso al petróleo existente en ella a EE UU y al mundo occidental”. El Imperio apuntaba a la primacía en toda la región asiática al sur de Rusia y China, desde el Mediterráneo al Pacífico, como una prolongación de su fuerte influencia en Europa, asentada con sus bases militares en los Balcanes y su creciente influencia en Oriente Medio después de la Guerra del Golfo y el hostigamiento a Iraq.

La excusa perfecta, el atentado a las Torres Gemelas en 2001, que dió el pretexto para intervenir en todo el mundo: Estados Unidos declaró la guerra global al terrorismo e invadió Afganistán e Iraq. Entonces la necesidad de los mercenarios se hizo imperiosa, ya que se requerían para ambos frentes centenares de miles de hombres. El ejército de Estados Unidos no estaba en condiciones de aceptar ese reto por falta de efectivos. Una parte se cubrió con soldados norteamericanos regulares, otra con aliados encabezados por Gran Bretaña, pero una cantidad creciente fue suministrada por los mercenarios de las CMP. En la actualidad hay entre Iraq y Afganistán unos 200.000 soldados regulares, y otros tantos mercenarios.

Las mayores dificultades en estos teatros de guerra han hecho crecer la demanda de efectivos, que el Pentágono no puede facilitar por los problemas para conseguir nuevos voluntarios. Además varios aliados se retiran: Gran Bretaña y Polonia entre ellos. ¿Entonces a qué se apeló? Lo más sencillo es pedir más mercenarios, reclutando en todo el mundo a través de las CMP; luego se intenta reemplazar a los soldados de Estados Unidos con naturales de Iraq y Afganistán, auténticos cipayos al servicio del invasor, aun a sabiendas de que se trata de militares poco confiables si tienen que enfrentarse a su propio pueblo. En el orden interno, el jefe de la Infantería de Marina solicitó que sus efectivos salieran de Iraq para ser enviados a Afganistán, lo que le fue denegado, pero evidencia el espíritu de derrota que se adueña de los mandos.

El último intento, que cambiaría la estrategia militar en ambos conflictos, es el acuerdo de que las tropas norteamericanas permanezcan por largo tiempo en estos países y se trasladen a emplazamientos fuera de las ciudades, reduciendo su número y encomendando la seguridad a los iraquíes y afganos. Lo que no haría sino volver mucho más caótica la situación e implicaría entregar el control de la mayor parte del territorio a la resistencia.

¿Qué hacen los mercenarios?
¿Qué hacen esos mercenarios? Realizan todas las tareas administrativas y logísticas, tales como alimentación, correo, aprovisionamiento de armas y municiones a las tropas, sanidad, construcciones, etc; colaboran en custodia, interrogatorios y torturas a los prisioneros; también realizan tareas de guardaespaldas de personalidades, custodia y vigilancia a cuarteles, convoyes de soldados y otras instalaciones militares, y cumplen tareas de combate, junto a las unidades regulares. Lo hacen desconociendo los derechos humanos, torturando presos, asesinando civiles, como se denunció recientemente en el caso de Blackwater, que asesinó a 17 civiles, u otras CMP que sometieron a vejaciones y torturas a presos en Abu Grhaib. Estos son casos que han saltado a las primeras páginas, mientras muchos otros permanecen en el anonimato.

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Acoso y represión contra los comunistas ucranianos.

El régimen capitalista ucraniano ha detenido a jóvenes comunistas, miembrosdel Partido Comunista de Ucrania y de la Unión de Jóvenes ComunistasLeninistas (KOMSOMOL) y otras organizaciones de izquierda de la antigua URSS.

Se trata de Igor Danilov, Anatoliy Plevo, Il'ya Romanov, Evgeniy Semenov, Andrey Yakovenko, Bogdan Zinchenko, Alexander Smirnov, Oleg Alexeev, Nina Polskaya, Alexander Gerasimov, Sergey Berdiugin.

Los comunistas detenidos fueron acusados en delitos tales como acciones destinadas para derrocar a la fuerza el orden constitucional, la incautación del poder del estado, gansterismo, terrorismo, asesinatos, saqueos, vandalismo, destrucción de la propiedad de extranjeros, almacenamiento ilegal de armas y sustancias explosivas. El Tribunal Supremo de Ucrania determinó que el Grupo detenido con su líder Andrey Yakovenko, que fue el 1º de secretario de la región de Odessa del Comité de Jóvenes Comunistas, y vice jefe de la región de Odessa Comité Ejecutivo de la Unión de los Trabajadores, Ucranianos, son culpables de la distribución del periódico "Soviet de Diputados de Trabajadores", y folletos pidiendo la destrucción del poder de los capitalistas en Ucrania durante la presentación ante los ucranianos de "Levántate Ucrania" contra el presidente Kuchma LD en Kiev el año 2002, y saqueo armado a la tienda de joyero "Delo". Se les acusan de quemar el vehículo del empresario Kabanets, de la explosión del Departamento Central de Seguridad, de resistencia armada ante las detenciones de varios militantes comunistas, de almacenar armas y explosivos.

Los Defensores de los Derechos de los Ucranianos consideran que el "caso Odessa" es una fabricación del presidente Kuchma con la complicidad de banqueros y terratenientes para ilegalizar al Partido Comunista de Ucrania acusándolo de organización terrorista. Consideramos que todo esto entra dentro de la política de los EEUU que financia y hace uso de grupos terroristas para justificar sus agresiones en el mundo, como en Afganistán , Iraq y otros países independientes. Por orden de la CIA se han establecido acuerdos internacionales con la excusa de la "lucha antirerrorista" para violar derechos ciudadanos y permitir a los gobiernos incrementar la represión contra los partidos comunistas.

Si queda algo claro en el "caso Odessa" son las torturas empleadas contra los comunistas. Sergey Berdiugin murió durante el interrogatorio, tal como afirma el Tribunal de Expertos Médicos, por hemorragia en vientre y rotura de hígado y estómago. Otros detenidos tienen daños irreversibles como Oleg Alexeev, que ha quedado ciego tras los interrogatorios. Il'ya Romanov salió con lesión de la columna vertebral. Danilov sufrió rotura de siete costillas durante el interrogatorio en prisión. Después, lesionado, fue despojado de sus ropas y expuesto durante la noche a la intemperie. Esta es la razón por Igor Danilov enfermó de pleuresía purulenta. Ahora Danilov está muy mal y tiene tuberculosis. El interrogador del Servicio de la Seguridad del Estado dijo una vez a los parientes de Alexeev que "nuestros métodos de tortura son más terrible que los utilizados por la Gestapo fascista" Hacemos un llamamiento a los pueblos para divulgar el caso "Odessa".

www.gazkom.org

La indignidad de Esperanza Aguirre.

"Vienen muchos extranjeros a delinquir, porque es muy barato”, dijo Esperanza Aguirre el pasado lunes 21, parafraseando los lemas de la manifestación que los racistas de Democracia Nacional habían celebrado un día antes en Madrid, por decisión unilateral de “los demócratas de toda la vida” del Tribunal Superior de Justicia.

Había dudas de por qué en España no cuajaba electoralmente un partido fascista, como el de Le Pen en Francia. Tras estas declaraciones ya no queda ninguna duda, pues la ideología de estos partidos está en el interior del Partido Popular, como así nos muestran con frecuencia sus destacados dirigentes. Ellos recogen en frutos electorales el odio que siembran entre la población, sobre todo en los períodos de crisis que su sistema genera.

Sabemos que las palabras de Aguirre (“o la cólera de dios”, como se titulaba una película) van dirigidas contra los extranjeros/inmigrantes pobres, a los que trata de atemorizar y humillar, para que de esa manera los empresarios puedan abusar mejor de ellos con el beneplácito o complicidad de la opinión pública. Pero si Aguirre se refiriese a los “amigos del bribón” y otros dueños de capitales que vienen de lejos a blanquearse en las costas de nuestro país (en la “Blanca” como el polvillo que introducen, y en otras), o a los que cobran suculentas subvenciones públicas para abandonar al poco tiempo las instalaciones dejando en la calle a miles de trabajadores, pues a lo mejor podíamos estar de acuerdo con ella. Pero esto, que lleva ocurriendo mucho tiempo (KIO, Delphi, etc), no se lo habíamos oído denunciar.

Esperanza Aguirre es una indigna presidenta de la Comunidad de Madrid. El hecho de que haya sido elegida por votación no garantiza tener las virtudes que requiere el ejercicio de la actividad pública, tal como la historia nos muestra, no sólo en la Alemania nazi, sino en varios municipios de nuestra cercana geografía.

Además de ser indigna de su cargo, esta señora no tiene autoridad para encabezar las celebraciones conmemorativas del levantamiento popular de 1808, pues dicho levantamiento fue la expresión de la resistencia de un pueblo contra los invasores franceses (lo mismo que hace ahora el pueblo iraquí contra la invasión norteamericana, en la que su gobierno participó), y de la rebeldía popular contra un poder corrupto y despilfarrador de los bienes públicos, como el que ella representa.

200 años después, el pueblo de Madrid debería ser capaz de levantarse de nuevo contra sus gobernantes, antes de que dejen esquilmado todo el patrimonio público que los votantes depositaron en sus manos, y que, en lugar de proteger y administrar, están regalando a sus amigos.

Pedro Casas

Carabanchel, 22 de enero de 2008

www.kaosenlared.net

El PP hace el ‘milagro’ de que el Obispado de Ávila gane 19 millones de euros con un ‘pelotazo’ urbanístico.

El Ayuntamiento de Ávila ha propiciado un pelotazo urbanístico de la Iglesia. El Obispado de esta ciudad ha ganado 19 millones de euros al vender unos terrenos rústicos que habían sido recalificados previamente por el gobierno local del PP. La Iglesia ha tapado con este dinero el enorme agujero económico de la Universidad Católica promovida en su día por el Arzobispo Antonio Cañizares y por el entonces alcalde de Avila, Ángel Acebes.

Un millón de metros cuadrados

Los terrenos de la parcela de más de un millón de metros cuadrados que el Obispado ha vendido por 19 millones de euros a la empresa Iniciativas Empresariales Habit S.A. fueron recalificados para uso industrial en el año 2005.

¿Para uso industrial?

El Gobierno del PP excusó esta recalificación asegurando que esta ciudad castellano leonesa necesitaba más terreno industrial, aunque el actual polígono de Ávila apenas se ha desarrollado un 60%. De este modo, son muchos los que sospechan que la decisión adoptada por el Ejecutivo local tan solo buscaba beneficiar al Obispado.

Para tapar agujeros

Con los 19 millones de euros que la Iglesia ha conseguido obtener gracias a este pelotazo urbanístico, el Obispado ha pagado la deuda de más de 6 millones de euros que arrastraba la Universidad Católica, impulsada por Antonio Cañizares y Ángel Acebes.

La Universidad Católica acumulaba esta deuda desde su creación en el año 1996, una iniciativa liderada por el entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, y promovida, entre otros, por Ángel Acebes, entonces alcalde de Ávila, y Sebastián González, ahora número tres del Partido Popular y entonces presidente de la Diputación Provincial de Ávila.

Los terrenos cedidos al Obispado de Ávila eran para financiar misas

Pero según ha podido saber la Cadena SER, la venta vulnera la voluntad de la Marquesa de Muñoz, que fue la que donó los terrenos a la Iglesia para financiar, entre otros fines, tres misas diarias perpetuas en una parroquia de la ciudad. Unos terrenos que fueron cedidos para que fueran arrendados, nunca vendidos.

En los estatutos de la Fundación Marquesa de Muñoz, creada en el momento de la donación, se especifica que el dinero que maneje esta entidad provendrá del arrendamiento de los bienes que cede la donante, exclusivamente el arrendamiento, no la venta.

Además los propios estatutos, a los que ha tenido acceso la SER, fijan unos fines a los que se debe dedicar el dinero obtenido, fines concretos y jerárquicos. El primero de ellos es la celebración de tres misas rezadas diarias y perpetuas en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de la ciudad de Ávila. En los propios estatutos se establece que mientras no se cumpla este fin no se puede destinar ningún dinero para los otros, que son un total de seis que incluyen becas para pobres que estudien para sacerdotes, ayudas a vocaciones religiosas, atención a las parroquias pobres de la diócesis y otros, pero en ningún caso se establece que los fondos obtenidos se dediquen a saldar deudas de la Universidad Católica, como se ha hecho, ni a vender los terrenos cedidos por la donante, como también se ha hecho.

La Fundación Marquesa de Muñoz se creó en el año 1969 por deseo expreso de Francisca Muñoz y Frías, Marquesa de Muñoz, en su testamento. En el decreto de erección de la misma se la dota de tres fincas y una casa en la ciudad de Ávila, una de esas parcelas es la que ha vendido el obispado para saldar la deuda de la Universidad Católica.

www.rebelion.org

¿Quién cabe en el mundo?

...por Carlos Fernández Líria

Si nuestros sistemas políticos fueran lo que dicen ser, en todos los parlamentos se estaría discutiendo ahora una gráfica elaborada por Mathis Wackernagel, investigador del Global Footprint Network (California). Pero no parece que el asunto haya llamado demasiado la atención. Y sin embargo, la gráfica resulta demoledora para las más firmes certezas de nuestra clase política y, por supuesto, para los criterios más evidentes de los votantes. Sobre todo, en un mundo político en el que izquierda y derecha se llenan la boca con los objetivos del “desarrollo sostenible”.

La cosa es bien sencilla. El eje vertical representa el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por Naciones Unidas para medir las condiciones de vida de los ciudadanos tomando como indicadores la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el PIB per cápita. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera el IDH “alto” cuando es igual o superior a 0’8, estableciendo que, en caso contrario, los países no están “suficientemente desarrollados”. En el eje horizontal se mide la cantidad de planetas Tierra que sería preciso utilizar en el caso de que se generalizara a todo el mundo el nivel de consumo de un país dado. Wackernagel y su equipo hicieron los cálculos para 93 países entre 1975 y 2003. Los resultados son estremecedores y sorprendentes. Si, por ejemplo, se llegara a generalizar el estilo de vida de Burundi, nos sobraría aún más de la mitad del planeta. Pero Burundi está muy por debajo del nivel satisfactorio de desarrollo (0’3 de IDH). En cambio, Reino Unido, por ejemplo, tiene un excelente IDH. El problema es que, para conseguirlo, necesita consumir tantos recursos que, si su estilo de vida se generalizase, nos harían falta tres planetas Tierra. EEUU tiene también buena nota en desarrollo humano; pero su “huella ecológica” es tal que harían falta más de cinco planetas para generalizar su estilo de vida.

Repasando el resto de los 93 países, se comprende que hay motivos para que el trabajo de Wackernagel se titule El mundo suspende en desarrollo sostenible. Como no hay más que un planeta Tierra, es obvio que sólo los países que se sitúen en el área coloreada de la gráfica (por encima de un 0’8 en IDH, sin sobrepasar el número 1 de planetas disponibles) tienen un desarrollo sostenible. Sólo los países comprendidos en esa área serían un modelo político a imitar, al menos para aquellos políticos que quieran conservar el mundo a medio plazo o que no estén dispuestos a defender su derecho (¿quizás racial, divino o histórico?) a vivir indefinidamente muy por encima del resto del mundo.

Ahora bien, ocurre que el área en cuestión está prácticamente vacía. Hay un solo país en el mundo que –por ahora al menos– tiene un desarrollo aceptable y sostenible a la vez: Cuba.

La cosa, por supuesto, da mucho que pensar. Para empezar porque es fácil advertir que la mayor parte de los balseros cubanos huyeron y huyen del país buscando ese otro nivel de consumo que no puede ser generalizado sin destruir el planeta, es decir, reivindicando su derecho a ser tan globalmente irresponsables, criminales y suicidas como lo somos los consumidores estadounidenses o europeos. Tendríamos muy poca vergüenza, desde luego, si condenásemos la pretensión de los demás de imitar el modo como devoramos impunemente el planeta. Pero se reconocerá que la imagen mediática del asunto cambia de forma radical: de lo que realmente huyen es del consumo responsable en busca del Paraíso del consumo suicida y, por intereses estratégicos de acoso a Cuba, se les recibe como héroes de la Libertad en vez de cerrarles las puertas como se hace con quienes huyen de la miseria, por ejemplo, de Burundi (a quienes se trata como una plaga de la que hay que protegerse).

A nivel general, la cosa es mucho más interesante. Es muy significativo que el único país sostenible del mundo sea un país socialista. Suele ser un lugar común entre los economistas que el socialismo resultó ruinoso e ineficaz desde un punto de vista económico. Sorprende que, en un mundo como éste, la falta de competitividad pueda aún considerarse una acusación de peso. En términos de desarrollo sostenible, la economía socialista cubana parece ser máximamente competitiva. En términos de desarrollo suicida, no cabe duda, el capitalismo lo es mucho más.

El mayor reproche que se puede hacer al sistema capitalista es, precisamente, que es incapaz de detenerse e incapaz incluso de ralentizar la marcha. El capitalismo es un sistema preso de su propio impulso. El economista J. K. Galbraith decía que “entre los muchos modelos de lo que debería ser una buena sociedad, nadie ha propuesto jamás la rueda de la ardilla”. Sin embargo, nos encontramos con que, aunque nadie lo haya propuesto, este absurdo parece haberse impuesto de hecho: en el capitalismo cada uno trata de imponerse a la competencia aumentando su productividad para no perder mercado pero, al encontrarse todos en la misma carrera, no llega nunca el momento en que pueda detenerse este aumento ininterrumpidamente creciente del ritmo y la consiguiente dilapidación de recursos.

Ante esta dinámica absurda, debemos exigir el derecho a pararnos. No podemos permitir que nuestros ministros de Economía nos sigan convenciendo de que “crecer” por debajo del 2 ó 3% es catastrófico, y no podemos permitir que nuestros políticos sigan proponiendo como solución a los países pobres que imiten a los ricos. Es materialmente imposible. El planeta no da para tanto. Cuando proponen ese modelo saben que, en realidad, están defendiendo algo muy distinto: que nos encerremos en fortalezas, protegidos por vallas cada vez más altas, donde poder literalmente devorar el planeta sin que nadie nos moleste ni nos imite. Es nuestra solución final, un nuevo Auschwitz invertido en el que en lugar de encerrar a las víctimas, nos encerramos nosotros a salvo del arma de destrucción masiva más potente de la historia: el sistema económico internacional.

Carlos Fernández Liria es profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid

blogs.publico.es

Lunes negro.

...por Juan Torres López*

El 21 de enero de 2008 se convirtió en otro lunes negro de las bolsas internacionales.

La caída es espectacular: el valor bursátil de las 35 mayores empresas españolas ha caído 101.000 millones de euros en 14 días, casi el 20% de su cotización. En las bolsas asiáticas se perdía ayer entre el 5 y el 7% de los valores, en México el 5%... y hoy vendrá Nueva York, mientras seguramente sigan cayendo todas las demás.

Es normal que todo el mundo se pregunte lo qué está ocurriendo y qué es lo que previsiblemente pueda ocurrir en los próximos días y semanas.

La respuesta es elemental: lo que está pasando es, sencillamente, la consecuencia lógica del estado de cosas en que se encuentran las relaciones financieras en nuestros días. Yo mismo lo vaticiné en un artículo anterior publicado el pasado 10 de septiembre (Diez ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones).

Como es sabido, en los últimos años los mercados financieros y la actividad de los bancos han cambiado de naturaleza.

Antes, los bancos se dedicaban preferentemente a recoger los recursos de los ahorradores para ponerlos a disposición de los inversores o de los consumidores manteniendo un volumen mínimo de reservas para hacer frente a los reintegros. De esa forma alimentaban constantemente la economía productiva con la financiación más o menos necesaria. Hoy día, los dedican preferentemente a comprar "papel", es decir, a comprar y vender activos financieros (títulos de todo tipo, contratos de cualquier naturaleza, seguros, reaseguros...) en lugar de dedicarlos sobre todo a hacer que la economía real funcione más y mejor. Y, además, las reservas de garantía se han reducido al mínimo e incluso han desaparecido en muchos casos.

Lo hacen porque es muy rentable. Gracias a las nuevas tecnologías que permiten realizar operaciones a cada segundo, en cualquier lugar del mundo y con coste prácticamente nulo, y gracias a la libertad total con que se cuenta para llevar el dinero de un sitio a otro del mundo, se pueden realizar operaciones constantemente y así obtener grandes rendimientos de los cambios de precios que continuamente se producen.

Esto es tan rentable que cada vez se hace más, de modo que cada vez hay más recursos dedicados a estas operaciones especulativas. Las empresas ganan más en estas operaciones que en la economía real, y sus propios directivos las gobiernan para tratar de obtener ganancias en las bolsas o para que sus acciones sean atractivas a los demás inversores especulativos.

El problema es que esas actividades son muy rentables precisamente porque son... ¡muy inseguras!

Es natural, todo el mundo sabe que cuanto más segura es una operación menos rendimiento dará y que será más rentable cuanto más riesgo conlleve.

La combinación de esos dos factores (abundancia de operaciones especulativas y el riesgo que comportan) es lo que produce la llamada financiarización que ha convertido a la economía mundial en un auténtico casino, como dijo el Premio Nobel de Economía Maurice Allais.

Sus consecuencias son claras: insuficiencia de recursos para crear actividad y empleo (porque se dedican a la especulación), inestabilidad y crisis (porque es únicamente en este contexto de cambio constante en las cotizaciones en el que se puede ganar mucho dinero) y, por tanto,
transmisión de sus efectos negativos a la economía real en su conjunto.

Pues bien, lo que ha pasado en los últimos meses no es sino una expresión paradigmática de todo esto.

Los pasos han sido los siguientes:

a) La inversión especulativa sube artificialmente el valor de la vivienda.

b) Los bancos multiplican su oferta de créditos hipotecarios pero al hacerlo conceden, sobre todo en Estados Unidos, una gran cantidad de hipotecas a familias con recursos insuficientes si cambian las condiciones del mercado.

c) Los bancos que conceden hipotecas (prácticamente todos) venden esos contratos en los mercados llamados "secundarios" (porque en ellos se re-compran y re-venden sucesivamente los "papeles" que se han negociado en fases anteriores, en este caso, las hipotecas originales).

Así es como se originan los nuevos "productos financieros derivados", que son los títulos que nacen de haber comprado un título, que resultaba de haber comprado otro, que compró otro... y así sucesivamente.

De esta manera se forma una especie de pirámide gigantesca en la que cada operación es más rentable que la anterior pero, como he dicho antes, porque es cada vez más insegura. Y eso es lo que va generando un riesgo acumulado y global en los mercados financieros.

d) Cuando por cualquier circunstancia falla cualquier eslabón de la cadena todo salta por los aires. Y ya se sabe que la fortaleza de una cadena es la de su eslabón más débil, lo que hace muy frágil al conjunto de las relaciones financieras.

e) En la crisis actual lo que inicialmente falló fue que muchas familias estadounidenses dejaron de pagar sus compromisos hipotecarios y eso activó una reacción en cadena provocando pérdidas en lugar de las ganancias habituales.

f) A partir de ahí, los capitales dieron un paso atrás. No es que hubiera insuficientes, como se quería hacer creer, sino que se retrajeron. Pero lo hicieron, no solo en los mercados financieros más especulativos, sino también en todos los demás y, principalmente, en los que financian la actividad real.

g) Eso fue lo que hizo que los bancos centrales, en lugar de tomar medidas para evitar que se produjeran más corridas de este tipo, se dedicaron a "inyectar" miles de millones de dólares y euros a los mercados en forma de generosos préstamos a los grandes bancos y financieros del mundo.

h) De esa forma fue que una crisis hipotecaria en Estados Unidos (aunque podría haber tenido su origen en cualquier otro país y en cualquier otro motivo, como ha pasado otras veces) se convirtió en una crisis financiera que afectaba a toda la banca mundial, porque es a nivel mundial que actúan los grandes bancos e inversores de nuestra época.

i) ¿Por qué caen entonces las bolsas? Sencillamente, porque todo lo anterior pone claramente de relieve ante los inversores dos circunstancias, por otra parte evidentes: que se ha roto la cadena de la ganancia de "papel" y que el dinero se ha retraído, de modo que no se van a seguir produciendo sucesivas alzas que favorezcan, a su vez, sucesivas ganancias especulativas.

Es por eso que la retraída de los capitales se produce en los valores que más artificialmente habían subido en los últimos tiempos, es decir, en los que habían cotizado más alto pero solo como expresión o como consecuencia de las burbujas especulativas de meses y años anteriores (en España y en casi todo el mundo, los bancos que invirtieron en vivienda, las grandes inmobiliarias, los fondos de inversión más especulativos, es decir, los más rentables pero menos conservadores en sus opciones de inversión...).

Y en estas estamos: en una crisis financiera que es internacional porque la plena libertad de movimientos de capital extiende sin remedio los efectos a todo el planeta.

Y lo que viene ahora (que ya empezó en Estados Unidos) es su efecto sobre la economía real, es decir, sobre la actividad económica y el empleo.

Esto es algo inevitable por cuatro razones principales:

a) Porque los inversores y financiadores afectados sufren pérdidas y retiran sus recursos no solo del área financiera, como he dicho, sino también de la actividad productiva.

b) Porque se vienen abajo las industrias vinculadas a la burbuja especulativa y, sobre todo, la construcción.

c) Porque los bancos centrales han sido incapaces o no han querido proteger a la economía real.

Por el contrario, lo que han hecho ha sido permitir este estado de cosas, dejando hacer a los especuladores, no haciendo nada para luchar contra la opacidad de las operaciones financieras y, en definitiva, dejando crecer la burbuja de los últimos años con tal de alimentar la desenfrenada ansia de ganancia de los bancos. Hasta gobernantes conservadores como Angela Merkel y Sarkozy lo hicieron notar más o menos veladamente hace unos meses.

Los bancos centrales son, en realidad, los pirómanos que han alimentado la crisis: su pasividad y su complicidad nos permiten hablar de una auténtica crisis financiera "prefabricada".

d) Porque con la excepción de Estados Unidos, los gobiernos apenas tienen capacidad para intervenir inyectando en la actividad real los recursos que los bancos centrales inyectan en los flujos financieros.

Y esto es así de un modo especial en la Unión Europea: sin gobierno económico y a expensas del fundamentalismo del banco central, es seguro que sufra una recesión de mucho mayor calado, salvo que Estados Unidos sea capaz de frenar rápidamente la suya evitando así el contagio que ya ha comenzado.

Algo que ya es muy improbable.

Eso es lo que hay y lo que viene.

Se equivocan, o mienten, los gobernantes que están diciendo que es poca cosa.

Se equivocan, o mienten, los banqueros centrales que dicen que es solo un episodio de inestabilidad financiera.

Se equivocan o mienten mucho más grave y cínicamente quienes ahora sólo vuelven a dar la receta de que lo que hay que controlar son los salarios para salir del apuro.

Y se equivocan o mienten quienes quitan importancia a estas manifestaciones inequívocas de riesgo global.

El financiero George Soros que conoce bien los mercados financieros acaba de decir, según la Agencia Reuters, que "la situación es mucho más seria que cualquier otra crisis financiera desde finales de la Segunda Guerra Mundial" y que eso se debe a que "durante los últimos años, los políticos habían sido guiados por algunos malentendidos básicos procedentes del "fundamentalismo del mercado", la creencia en que los mercados financieros tienden a actuar hacia el equilibrio".

Y en Davos, donde cada año se reúnen los más poderosos del mundo, acaban de presentar el informe Global Risk 2008 que, si bien es verdad que se orienta a apuntalar el sistema más que a modificarlo en sentido positivo, advierte sin disimulos del peligro real e inmediato de una crisis financiera generalizada como consecuencia de la infravaloración del riesgo que se está asumiendo.

La situación, por tanto, no admite muchas dudas. Estamos en el único sitio en donde podíamos estar cuando se deja que los capitales fluyan libremente buscando nada más que beneficios extraordinarios y rápidos en actividades especulativas, cuando los gobiernos renuncian a gobernar para favorecer así a los poderosos y cuando no se pone límite alguno al afán de tener más y más y más de los más ricos del planeta.

Los capitales a la deriva no puede llevar a la economía mundial a otro sitio que no sea a una deriva generalizada hacia la crisis y el malestar.

No puede ser de otro modo.

Las soluciones inmediatas existen y no son difíciles, en contra de lo que se nos quiere hacer creer. Y son cada día más urgentes y necesarias: controlar la especulación regulando las finanzas internacionales para garantizar seguridad y estabilidad; domeñar a los capitales financieros y obligar a que los recursos estén al servicio de la actividad productiva mediante impuestos globales; y, en definitiva, evitar que la lógica del mercado se convierta en la lógica social.

Obviamente, lo que no es tan fácil es disponer del poder suficiente para lograrlo y precisamente es hacia ello hacia donde tendrían que orientar su esfuerzo los ciudadanos y las organizaciones sensatas del planeta.

Porque el origen último de la crisis financiera no está en las finanzas sino en el poder desmedido que tienen los banqueros y los grandes propietarios.

Justo lo que hay que quitarles para poder evitarlas en el futuro.

*Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga

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Canadá elimina a EE UU e Israel de lista de países que practican tortura por presiones de ambos gobiernos.

El gobierno canadiense retiró a Estados Unidos e Israel de una lista de países donde los prisioneros corren el riesgo de ser torturados, luego de recibir presiones de funcionarios estadounidenses e israelíes. El Ministro de Asuntos Exteriores canadiense ahora afirma que Estados Unidos e Israel fueron incluidos en la lista por error. La lista también incluía a Siria, China, Irán y Afganistán.

El documento original mencionaba a la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo, e incluye una lista de técnicas de interrogatorio entre ellas “obligar a los prisioneros a desnudarse, aislamiento y privación del sueño”. Amnistía Internacional Canadá dijo que está decepcionada ante la acción del gobierno canadiense.

Alex Neve, de Amnistía, dijo: “Cuando se trata de un tema como la tortura, la principal preocupación del gobierno no debería ser si avergüenza a sus aliados”.

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América Latina: entre el crecimiento y la pobreza.

...por Eduardo Montes de Oca

La humana convención de fin de año y comienzo de otro nos invita al resumen, a pasar revista a los doce meses que, al menos en Cuba, expiran entre una música multiplicada, fuegos artificiales y cubos o baldes de agua lanzados a la calle a la medianoche, para limpiar el hogar de “todo lo malo”. Pero el fin de año convida también a la previsión, a vaticinar posibles escenarios sobre la base de los hechos ocurridos en los pasados 365 días.

Estas semanas iniciales, primerizas, he estado leyendo con atención artículos de peso como el titulado “Los desafíos y las perspectivas económicas del 2008. El debe y el haber de la región”. O sea, de América Latina. Y me he alegrado con el autor, Pablo Ramos, porque desde el cambio de siglo el subcontinente transita por un período de alto crecimiento, situado entre el 5 y el 6 por ciento como promedio, por encima del mundial.

Se ha multiplicado el precio de los principales productos de exportación regional -los recursos naturales-, a la vez que aumentan las cantidades exportadas. También el comercio intrarregional ha crecido de forma sustancial. ¿Un ejemplo? El intercambio bilateral entre los mayores socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Argentina y Brasil, va a rozar los 23 mil millones de dólares. Considerable cifra. Si miramos hacia el mundo exterior a América Latina, veremos que no aparecen nubarrones en el horizonte como para hacernos afirmar que la tendencia de crecimiento va a variar para mal. Sí, nada indica la posible disminución del apetito de China, la India y del resto de Asia por los recursos naturales.

Pero –caramba, ¿siempre habrá un “pero”?- sucede que estas tasas de expansión –entre 5 y 6 por ciento, como promedio- no se traducen en mejoras para la población. Y es más: lejos de explayarse, la riqueza se concentra en pocas manos, en algunos grupos económicos locales y en corporaciones internacionales. Mejor digamos: transnacionales.

Confrontando datos y pareceres, encontramos que tanto las Naciones Unidas, como la CEPAL, el Banco Mundial y otras instituciones coinciden en que los índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad permanecen casi estáticos a lo largo de medio siglo, sobre todo -¿adivinó?- en América Latina.

El informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, de 2002, señalaba que al término del siglo XX el 5 por ciento de las personas más ricas del planeta poseía 114 veces más que el 5 por ciento de las más pobres. De las paupérrimas. La diferencia era muy evidente en África y, sí, en América Latina.

El asunto se complica, y llega a incomodar hasta la palabra obscena, que por supuesto no escribiré aquí, cuando reparamos precisamente en el hecho de que esta zona del planeta ha experimentado aumento de las exportaciones y de los índices de crecimiento bruto… y per cápita.

Contradicción de contradicciones, ¿no? ¿Por qué, entonces, si en 1950 asomaban 82 millones de pobres latinoamericanos, a fines de los noventa sumaban 160 millones los pobres? Y ¿por qué hoy son 230 millones? Sin intención alguna de pontificar: la economía capitalista, en que ciertos confundidos aprecian la panacea, el medicamento curalotodo, no hace más que estimular el problema de la pobreza. Porque para los ávidos poseedores de fortuna, un país es rico si tiene pobres que trabajen. O, como rememora el articulista Francisco García, si tiene mano de obra competitiva: esa que se ofrece por el salario más miserable.

América Latina crece económicamente, sí, gracias a la exportación de recursos naturales, que es como gracias a la donación de sangre, pero recordemos con el colega citado que los obreros de la maquila trabajan en turnos forzados y en jornadas de extenuación, y no salen de la pobreza. Las obreras de las salmoneras laboran en aguas gélidas por más de 12 horas diarias, percibiendo sueldos mezquinos, y no salen de la pobreza… En fin, en tanto los maestros universitarios, las meseras y las trabajadoras del sexo –las esforzadas prostitutas- no salen de la pobreza, resulta enorme el crecimiento de la Nike, de Billiton, de la General Motors, de Kentucky Chicken y otras empresas de nombres en inglés.

Claro, no tapiemos la esperanza. Porque hay esperanza, sí. Si bien existe un grupo de naciones como Chile, Colombia, Perú, México y la mayoría de las centroamericanas, naciones que buscan el desarrollo con tratados de libre comercio básicamente; existe asimismo un grupo de países, como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una visión más keynesiana, reguladora, de la economía. Y están Bolivia, Ecuador y Venezuela, que llevan adelante políticas encaminadas a una economía socialista, con control por el Estado de los recursos naturales, la tierra incluida.

Y no hay que ser docto para comprender que sin la vocación de igualdad de una política que erradique los errores ya señalados al socialismo, ni América Latina ni el mundo lograrán eliminar el terrible estigma de la pobreza, por mucho aumento macroeconómico que experimente. Al menos eso lo han comprendido unos cuantos, que hacen resúmenes y previsiones a propósito de la humana convención de inicios de año, entre fuegos artificiales, música multiplicada, y hasta cubos o baldes de agua lanzados a la calle, para limpiar la casa de “todo lo malo”.

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Tras 5 meses de lucha, acaba el conflicto de FRAPE.

Ayer tarde, la asamblea de los trabajadores de FRAPE decidió aceptar una de las tres propuestas presentadas por la empresa, a través del Departament de Treball. La asamblea tras un intenso debate, ha acordado aceptar la primera propuesta por 156 votos a favor, frente a los 76 votos a favor de aceptar alguna de las dos propuestas que plantean los 295 despidos.

En la última semana, la Consellera de Treball, Mar Serna, ha tenido diversos contactos con los asesores del comité y con la dirección de la empresa. Como resultado, ha hecho llegar a los representantes de los trabajadores tres propuestas alternativas, aunque en todas ellas se contemplan despidos.

La primera, supone aceptar los 92 despidos ya autorizados por la resolución del ERE, aunque incrementando la indemnización de los 20 días por año previstos legalmente, hasta 45 días por año más una cantidad lineal de 7.000€. A cambio el Comité debe aceptar un aumento de productividad, una reducción del absentismo y una congelación salarial por dos años. La empresa garantiza el mantenimiento del resto de los puestos de trabajo, como mínimo por tres años.

Las otras dos propuestas tienen en común el cierre de la actividad productiva de la planta y el despido de los 295 trabajadores como inicialmente pedía la empresa. La segunda de las propuestas plantea una indemnización de 55 días por año trabajado, con un límite doble: 42 mensualidades y un máximo de 90.000€ . La tercera propone una indemnización de 60 días por año, también con una doble limitación: 42 mensualidades y 80.000€ como máximo.

Las tres propuestas están encaminadas a dividir a la plantilla, ya que cada una de ellas afecta de manera diferente, según cual sea la antigüedad y el salario de cada trabajador.

Estas propuestas se plantean en un momento difícil, provocado por la actitud del Departament de Treball que ha colocado al conflicto en un callejón sin salida, además de facilitar 92 rehenes a la empresa, para coaccionar y chantajear a la plantilla.

La asamblea tras un intenso debate, ha acordado aceptar la primera propuesta por 156 votos a favor, frente a los 76 votos a favor de aceptar alguna de las dos propuestas que plantean los 295 despidos, mientras que sólo una decena de trabajadores se han manifestado por continuar las movilizaciones. Los 6 trabajadores despedidos por la empresa a lo largo del conflicto, cobrarán la misma indemnización que los 92 despedidos afectados por la resolución de Treball. La oferta finalmente aceptada mejora en 7.000€ y en la garantía por 3 años, a la última presentada por la empresa durante la negociación.

Este conflicto ha vuelto a mostrar de una manera muy clara la connivencia y el servilismo del gobierno tripartito de la Generalitat respecto a las empresas, especialmente las multinacionales, y esperamos que haya servido para que muchos trabajadores y trabajadoras se cuestionen para qué sirve votar a partidos supuestamente de izquierdas, que una vez en el poder hacen las mismas políticas que la derecha.

También ha puesto nuevamente de manifiesto el papel de los grandes sindicatos institucionales ante las agresiones de la patronal. Especialmente CC.OO. ha mostrado una actitud agresiva e insultante hacia el comité, sus asesores y la propia asamblea, desde el momento que la asamblea rechazó la oferta de la empresa, obligando a la Generalitat a dictar resolución. Suponemos que la colaboración mostrada por CC.OO. con la empresa en las últimas semanas se debe a su interés por cobrar su cuota mafiosa habitual, por haber contribuido al despido de 92 trabajadores, aunque en esta ocasión no hayan podido firmar materialmente el acuerdo, ya que la asamblea se lo impidió. No obstante, es justo decir que los delegados y afiliados de CC.OO. y UGT de FRAPE han compartido en todo momento las decisiones de la asamblea y han participado activamente en las movilizaciones, sin dejarse controlar ni manipular por las estructuras de sus sindicatos.

Era muy difícil conseguir una victoria completa en un conflicto donde se confrontaba un sindicalismo asambleario y combativo, al sindicalismo entreguista y cómplice con la patronal que practican CC.OO. y UGT. No es posible, si no conseguimos romper el aislamiento de las luchas obreras a que nos somete la estrategia conjunta de gobierno, patronal y sindicatos institucionales. Frente a esa estrategia, la izquierda sindical ha de recuperar la solidaridad y la unidad de acción, no confundiendo la diversidad organizativa e ideológica con el sectarismo. Sólo así, podremos empezar a recuperar un movimiento obrero y sindical fuerte.

El próxímo jueves, día 24, a las 18,30 horas, está convocada una reunión del Comité de apoyo y de la Xarxa contra els tancaments, en la sede de la IAC, Vía Laietana, 57 – 4º. Allí haremos una valoración colectiva del conflicto de FRAPE, junto con compañeros de la empresa.

Desde la IAC queremos manifestar nuestro apoyo a la decisión de la asamblea, que sin duda ha sido difícil, así como mostrar nuestra solidaridad con todos los compañeros y compañeras de FRAPE, que durante cinco largos meses han mantenido, con una gran fuerza y dignidad, una dura lucha por sus puestos de trabajo.

www.lahaine.org