Persecución del comunismo: El impulso ilegalizador recorre el viejo continente.

Europa recurre a viejos fantasmas para justificar una nueva caza de brujas anticomunista con la que intenta frenar la influencia de las ideas de Marx, Engels y Lenin así como la resistencia de estos movimientos ante sus políticas neoliberales antisociales.

La caída de los regímenes comunistas del bloque soviético avivó en el Viejo Continente una nueva ola anticomunista que ha reactivado la caza de brujas, sobre todo en los países del Este europeo, en forma de ilegalizaciones, presentación de currículos certificando no haber tenido relación con aquellos sistemas y distintas iniciativas destinadas a limitar la influencia de las organizaciones comunistas en la sociedad. Es el caso de algunos países que han ingresado recientemente en la Unión Europea, como Polonia, República Checa, Rumanía, Hungría y las repúblicas bálticas de Letonia, Estonia y Lituania.

Una de las últimas actuaciones de esta ofensiva anticomunista fue el proceso iniciado en 2005 en la República Checa que acabó, en octubre de 2006, con la ilegalización del KSM, las juventudes del Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Pero no se trata de un hecho aislado, sino de una persecución que busca ser trasladada al conjunto de países en el ámbito europeo, donde ya existen precedentes de ilegalización de organizaciones revolucionarias, que luchan por la liberación nacional o que simplemente confrontan abiertamente con el sistema.

Y en esa ofensiva represiva se enmarcan las resoluciones de marcado carácter anticomunista aprobadas en mayo de 2005 por el Parlamento Europeo y en enero de 2006 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que integra a 46 estados del continente.

La resolución que sacó adelante el Consejo de Europa condena «con vigor las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas por los regímenes comunistas totalitarios» que imperaron en Europa y otros lugares del mundo y que «sin excepción» se caracterizaron por «la violación masiva de los derechos humanos». Equiparó a aquellos con el nazismo al señalar que tras su caída sus «crímenes» no fueron sometidos a una investigación internacional ni sus responsables fueron llevados ante la justicia internacional como ocurrió como en el caso del nacionalsocialismo y consideró que, por este motivo, la opinión pública es «muy poco consciente de los crímenes cometidos» por los regímenes comunistas.

Su Asamblea Parlamentaria declaró que esas «violaciones» incluyen «los asesinatos y ejecuciones, ya fueran individuales o colectivas, las muertes en campos de concentración, la muerte por hambre, las deportaciones, la tortura, el trabajo forzado y otras formas de terror físico colectivo», y recogía que la antigua Unión Soviética supera a otros pueblos en número de víctimas.

Además, este órgano paneuropeo, que, tal y como dijo el compositor y comunista griego Mikis Theodorakis, nunca cuestiona los innumerables crímenes de su gran hermano EEUU, invitó a todos los partidos comunistas de sus estados miembros que aún no lo hubieran hecho a «reexaminar la historia del comunismo y su propio pasado».

Theodorakis, que encabezó una iniciativa contra este intento de criminalización de los comunistas «comparando a los héroes con criminales», aseguró no tener más que una palabra para dirigir a esas «señorías: ¡Vergüenza!».

En la República Checa, después de un año de proceso, el Gobierno conservador ilegalizó a las juventudes del Partido Comunista, cuya presencia social y electoral es considerable, alegando que su defensa de la abolición de la propiedad privada atentaba contra el Estado de Derecho. Algunos parlamen- tarios de derechas reclamaron también la ilegalización del Partido Comunista e, incluso, la criminalización de la pertenencia a estas organizaciones y la exhibición de símbolos comunistas.

Sin embargo, el enorme movimiento de solidaridad que provocó la ilegalización del KSM tanto dentro de la República Checa como en el resto de Europa, ha evitado, por el momento, que las autoridades vayan más allá. Y, mientras, las juventudes comunistas checas hacen frente a su situación continuando con su lucha y su actividad, tal y afirma el presidente del KSM, Milan Krajca, a pesar del bloqueo de su página web, del control policial y de las provocaciones de la Policía secreta. Desde hace año y medio esperan una resolución favorable de los tribunales que deje sin efecto la decisión del Ministerio de Interior.

De hecho, en estos momentos el KSM se encuentra inmerso en la organización de un movimiento amplio contra la posibilidad de construcción de una base militar de Estados Unidos como parte de su escudo de defensa antimisiles que, ahora mismo, asegura Krajca, es la principal preocupación de la ciudadanía.

En situación complicada se encuentra también el Partido Comunista de los Trabajadores Húngaros, cuya dirección -siete miembros- ha sido condenada a dos años de prisión por «injurias», por haber calificado de política una intervención judicial previa en los asuntos del partido que anuló las decisiones adoptadas en el congreso de 2005

En el caso de las repúblicas bálticas, los partidos comunistas están prohibidos desde hace tiempo, pero en Estonia fueron más allá al aprobar su Parlamento, en enero de 2007, una ley que prohibía el uso de símbolos comunistas salvo para, en palabras de su ministro de Justicia, Rein Lang, «su uso en investigaciones o representaciones teatrales». En este país, en abril, el Gobierno ordenó retirar un monumento dedicado a los soldados del Ejército Rojo que murieron en la Segunda Guerra Mundial al combatir contra la ocupación alemana en 1944.

En varios estados del Este europeo, los funcionarios están obligados a demostrar que no colaboraron con los servicios de inteligencia de los regímenes comunistas. El caso más extremo es el del Polonia, tras la llegada al poder de los hermanos Kazcynsky. Allí, hubo voces que incluso reclamaron que la medida incluyera también la pertenencia al partido comunista.

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El pueblo mapuche, de pie.

Una larga huelga de hambre de cinco presos políticos mapuche, rodeada de importante solidaridad, parece estar mostrando la profundización de la larga lucha de un pueblo por la recuperación de sus tierras y el control de sus territorios.

Según el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, el actual movimiento mapuche que emerge en los años 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, “ha protagonizado por lo menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos”.

El primero se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias. Luego, al comienzo de la transición democrática, en 1989, se realizó el acuerdo de Nueva Imperial por el cual la Concertación se comprometió a impulsar una nueva ley indígena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilización. Muchos temían, señala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas que se dio de 1970 a 1973 durante el gobierno de Salvador Allende.

En respuesta a la cooptación que supuso ese acuerdo, nace en 1990 el Consejo de Todas las Tierras que exige autonomía y participación política y realiza tomas simbólicas de tierras. En 1992, el gobierno detiene a 70 comuneros y los acusa de “delincuentes”, y la justicia procesa a 144 mapuche por “usurpación” y “asociación ilícita”. El proceso estuvo plagado de vicios y fue considero una aberración jurídica.

Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional de las empresas, ve desbordada su política indígena, ya que las dos organizaciones estatales de asistencia (la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas) colapsan al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política y sin querer conceder derechos, el gobierno endurece la represión.

El caso Ralco (1997), megaproyecto energético en tierras mapuche en el Alto Bío Bío, supuso un parteaguas, ya que el gobierno violó la legislación para echarlo a andar. “El murallón de Ralco levantó una frontera política entre los mapuche y el Estado”, asegura Toledo. Ese mismo año, el caso Lumaco, 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales y una planta de celulosa, se convirtió en “un enclave que ha transformado la geografía y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones”.

Forzado a la movilización ante la inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche, el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la Coordinadora Arauco Malleco y la Asociación Nankucheo de Lumaco. Fruto de la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de 5 millones de dólares en 1995 a más de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalización de la protesta. Se abrieron procesos ante la Justicia Militar durante 2000 y 2001, hasta que a fines de este año se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el contexto del clima generado por los atentados del 11/9 en Estados Unidos. Se combina represión con labores de inteligencia y cooptación de la intelectualidad indígena.

Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche sólo en la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Según Toledo, se trata de una verdadera guerra sucia.

En noviembre de 2004 los mapuche ganan una batalla jurídica en un terreno en que no cosechaban más que derrotas. Uno pilar de la criminalización de la protesta se desmorona ante la estrategia de los defensores que demuestran que “terrorismo” no son daños a bienes, sino “desprecio de la vida humana o poner en peligro el orden constitucional”. Los incendios y lanzamientos de artefactos, medios que utilizan las comunidades, no pueden ser considerados terrorismo. Los acusados son absueltos.

Con el gobierno de Michelle Bachelet (1996) las cosas no cambiaron. La represión se mantiene intacta, aunque ya no se aplica la Ley Antiterrorista. “El movimiento mapuche logró sortear los embates de la criminalización, con movilización social y una activa apelación al sistema internacional de derechos humanos, abriendo oportunidades para un cambio de marco de la política indígena y profundización de la democracia”, sostiene Toledo.

Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, quien estuvo preso dos meses y fue puesto en libertad el 9 de noviembre, sostiene que a partir de las luchas de 1997 “se pasa a otra etapa, que consiste en entrar a un fundo, trabajar, defenderlo y ejercer control territorial”. A través de la acción directa, su comunidad ha conseguido recuperar cientos de hectáreas de las 10 mil usurpadas por los colonos y traspasadas luego a las forestales.

En esta nueva etapa ya no se ocupan las tierras de forma simbólica como a comienzos de los 90, sino de forma permanente y para producir su vida cotidiana. Ya no piden tierras, sino territorio. Esto los lleva a un enfrentamiento frontal e inevitable con las multinacionales de la minería, la energía y el papel. Aseguran que no tienen otra opción y se definen como “un pueblo que se resiste a desaparecer”. La Coordinadora Arauco Malleco, que se declara “anticapitalista, antimperialista y libertaria” asegura que está “en una coyuntura histórica de extinción o continuidad cultural, social y territorial, es decir, entre la vida o la muerte de nuestro mundo mapuche”

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EEUU y su acoso estratégico a Rusia.

Cientos de miles de manifestantes en la ucraniana ciudad de Sinferopol, península de Crimea, exigieron hoy al gobierno del presidente Victor Yuschenko la celebración de un referendo sobre el ingreso del país a la OTAN. Dirigentes de la protesta expresaron su indignación por la carta remitida al cuartel general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas, con vistas a la adhesión de Kiev al plan de acción para la incorporación en el bloque. Los comunistas ucranianos, de otro lado, convocaron para febrero a todas las fuerzas patrióticas a una multitudinaria protesta nacional de rechazo a los planes gubernamentales de ingreso a la OTAN, como curso prioritario declarado por Yuschenko y su gabinete.

Las fuerzas políticas y sectores agrupados en el movimiento anti-OTAN sostienen que en caso del ingreso de Ucrania a la alianza el gobierno gastará millones en el rearme para acogerse a los estándares de la organización y participará en sus maniobras militares.

Esta medida coincide con las presiones del opositor partido de las Regiones en la Suprema Rada (Parlamento) a fin de adoptar una resolución alternativa respecto al tema.

La diputada Anna German dijo que su bancada bloqueará nuevamente la labor del Legislativo este viernes si no se introducen en la agenda todos los proyectos de resolución relativos a la entrada de Ucrania en la OTAN, incluida la propuesta de la oposición.

Si se presentan por el presidente de la Rada las tres resoluciones previstas y someten a votación la resolución que proponemos entonces el parlamento trabajará, precisó German a la agencia noticiosa UNIAN.

German deploró la actitud de la jefatura parlamentaria de implantar un dictamen en el tema a fin de que sea debatido solo el proyecto promovido por el titular Arseni Yatseniuk.

Los comunistas ucranianos, de otro lado, convocaron para febrero a todas las fuerzas patrióticas a una multitudinaria protesta nacional de rechazo a los planes gubernamentales de ingreso a la OTAN, como curso prioritario declarado por Yuschenko y su gabinete.

La cúpula del Partido Comunista demandó al mismo tiempo un plebiscito sobre el inconveniente de este paso para la nación europea y la necesidad de que Ucrania afinque su estatus de neutralidad, indicó el portal noticioso proUA.

www.prensa-latina.cu

La extrema derecha pretende despegar con una organización llamada Democracia Nacional.

En el Estado español, la extrema derecha política como tal, murió en el año 1982 con la desaparición de aquella repudiable organización llamada Fuerza Nueva, que dirigía Blas Piñar, provocada por la debacle electoral de aquellas elecciones generales. A partir de aquel día, no ha vuelto a aparecer un líder de la extrema derecha, ni un partido capaz de aglutinar a todos sus miembros, dispersos y enfrentados hasta la fecha. Los partidos o asociaciones de extrema derecha han vivido veinticinco años casi en la clandestinidad, guerras internas y marginados por el fuerte rechazo social que provocan sus discursos que recuerdan a los tiempos de dictadura. Pero, en los últimos meses una organización, llamada "Democracia Nacional" (una fusión de tres organizaciones fascistas, Bases Autónomas, CEDADE y el Frente Nacional), con un líder Manuel Canduela, parecen haber encontrado en la unidad de España y los "peligros" de la inmigración, dos ideas para aglutinar personas poco recomendables.

En toda España el pasado 27 de mayo en las Elecciones Municipales, los partidos de extrema derecha obtuvieron más de cincuenta concejales en los ayuntamientos de este país, el doble que en el año 2003.

En Cataluña tenemos el ejemplo del espectacular aumento de Plataforma per Cataluña con diecisiete actas, pero en los pueblos de la periferia de Madrid, Burgos, Valencia y Alicante, diversos partidos pequeños como España 2000, Democracia Nacional y Falange, todos ellos de extrema derecha, formados por ex franquistas y nostálgicos, también han conseguido representación municipal. El auge de la extrema derecha en España es una evidencia.

La aparición en los últimos años de Jean Marie Le Pen, Haider, el desaparecido Pim Fortuyn y Alesandra Mussolini, (nieta del dictador italiano) confirman que los fascismos están resurgiendo de nuevo en Europa, aprovechando las crisis económicas y la masiva llegada de inmigrantes, y sobretodo en las grandes potencias. La extrema derecha europea, podemos decir que pasa por su mejor momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, ya existen organismos europeos como Euronat, que coordinan y aglutinan a fuerzas de esta ideología

El partido

Manuel Canduela, es el presidente de Democracia Nacional, partido que durante estas últimas semanas ha sido noticia por convocar una manifestación en Madrid en protesta contra la inmigración y la delincuencia, dos términos que Democracia Nacional siempre asocia a la par, aludiendo la inseguridad ciudadana como primera consecuencia de la inmigración. Hablo de Canduela porque puede ser alguien que dé mucho que hablar, porque representa a un sector de opinión, la derecha dura, que los resultados confirman en alza, y tiene un perfil algo similar con Josep Anglada, en la juventud y sobretodo en el discurso. Ambos aspiran a ser el 'Haider' Español.

Le Pen y Canduela forman parte de Euronat. Hablamos de Democracia Nacional, que es un partido ubicado en la extrema derecha, nacido en 1995 de la fusión de la Alternativa Demócrata Nacional y diversos grupos minoritarios de extrema derecha como Bases Autónomas, CEDADE y el Frente Nacional de Blas Piñar. Es un partido que recientemente ha obtenido representación municipal en forma de tres concejales en pueblos de Madrid y Burgos, y que en las pasadas generales del 2003 obtuvo más de 15.000 votos.

De cantante racista a la cárcel

Manuel Canduela es el presidente de Democracia Nacional desde el año 2005. No ha cumplido todavía los cuarenta años, procede del movimiento skin head valenciano de principio de los noventa y es famoso en ese mundo al haber sido vocalista de un grupo musical de ideología neonazi llamado División 250, que cantaban canciones que decían “Eh negro, vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra”. Estas eran sus letras habituales y éste en concreto, fue uno de los mayores éxitos que obtuvo el grupo de música que lideraba Manuel Canduela, el hoy presidente de Democracia Nacional.
En España la extrema derecha política como tal murió en 1982 con la desaparición de la Fuerza Nueva de Blas Piñar. A partir de aquel día, no ha vuelto a aparecer un líder de la extrema derecha. Hasta ahora.
Canduela fue condenado por asociación ilícita en el año 1993 por pertenecer al ya desparecido grupo extremista nazi 'Acción Radical', responsable del asesinato de Guillem Agulló
Canduela: "Cuando dejamos la estética skin head (repito, sólo fue eso lo que dejamos) nuestras vidas continuaron exactamente igual. Lucha contra el Sistema" Democracia Nacional es miembro de Euronat, plataforma europea de partidos de extrema derecha, auspiciada por Jean Marie Le Pen.
Canduela fue condenado por asociación ilícita en el año 1993 por pertenecer al ya desparecido grupo extremista nazi 'Acción Radical', organización que cometía ataques contra homosexuales, colectivos de izquierda y extranjeros. Acción Radical fue desarticulada y desmantelada por una operación policial en el año 1993, después de que diversos de sus miembros apuñalaran y mataran al joven antifascista valenciano Guillem Agulló.

En la operación se les incautó abundante material propagandístico con esvásticas, numerosas armas de fuego, cuchillos y bates de béisbol, así como un listado de posibles “víctimas”, pruebas que llevaron a demostrar, que eran algo más que una pandilla de gamberros. El juez demostró que poseían una estructura organizada, militar, y los condenó.

Manuel Canduela Serrano, que desde los dieciséis años llevaba militando en organizaciones de extrema derecha relacionadas con el movimiento skin head, fue condenado muy joven y estuvo en prisión por asociación ilícita y por pertenecer a Acción Radical.

No duró mucho su condena, y cuando obtuvo la libertad, manifestó en una entrevista que la violencia “hay que usarla cuando hay que usarla, pero no de manera gratuita”, o “Nosotros ya éramos skins en el 89 y dejamos de serlo en el proceso judicial a AR. Fue allá por el 94 cuando nos planteamos qué era mas importante, si nuestras ideas o la cabeza rapada. Nuestra situación personal (Jueces/Policía) nos impedía seguir por esa vía, habíamos vencido en los tribunales, pero no había posibilidad de volver a hacerlo. Cuando dejamos la estética skin head (repito, sólo fue eso lo que dejamos) nuestras vidas continuaron exactamente igual. Lucha contra el Sistema”.

Skin head de pelo largo

Es decir, que Manuel Canduela se podría decir que continua siendo un skin head con el pelo largo y no da signos de arrepentimiento. De hecho, el asesino de Agulló, Pedro Cuevas, ya puesto en libertad y catorce años después, en las pasadas elecciones municpales fue candidato de AN (Alianza Nacional) en la localidad valenciana de Chiva, un partido AN, de marcado carácter ultra. Es decir, no ha sido sólo Canduela el único ex-miembro de Accion Radical que se ha pasado a la política, si no que otros continuan su particular "lucha armada" en formaciones similares.

En el año 2005 Manuel Canduela accede a la presidencia de Democracia Nacional, provocando un conflicto interno de su mesa nacional y la denuncia de cincuenta afiliados de su partido mediante una carta hecha pública. Los afiliados le acusan entre otras de amenazas, coacción, manipulación y denuncian que gente de su confianza ha huido con dinero del partido. La carta no tiene desperdicio.

Durante los dos años que lleva Canduela en la presidencia de Democracia Nacional, se ha radicalizado el mensaje, culpando a la llegada masiva de inmigrantes de todos los males del estado. Bajo el eslogan 'Los españoles primero', defienden todas sus teorías e iniciativas, limitando su programa a esa única frase.

¿Qué propone DN sobre economía? Los españoles primero. ¿Qué propone DN sobre cultura? Los Españoles primero. ¿Qué opina DN sobre el cambio climático? Los españoles primero. ¿Qué opina DN sobre relaciones internacionales? Los españoles primero. ¿Vivienda? Españoles primero... hasta el infinito.

A pesar de que desde la dirección de Democracia Nacional quieren huir de la catalogación de partido de extrema derecha y quieren que se les considere “transversales”, es indudable asociarlos a ese movimiento a tenor de los actos que organizan, sus reivindicaciones y el perfil de votante y militante, donde abunda generalmente la estética skin head.

Ídolos de otros siglos

Habitualmente, los actos de Democracia Nacional, siempre están precedidos de consignas y octavillas con fuerte carga de xenofobia y se caracterizan por un fuerte nacionalismo español, enalteciendo figuras del pasado como por ejemplo el pasado día 3 de noviembre en Salamanca, cuando Democracia Nacional organizó una concentración de homenaje a Fernando Álvarez de Toledo, el “Duque de Alba”, en el día del 500 aniversario de su nacimiento bajo el eslogan: “No pediremos perdón por nuestra historia”.

El cartel está lleno de águilas y las leyendas hablan por sí solas. Para quienes no lo sepan, se homenajea a uno de los militares más sanguinarios de la historia de España, uno de los que “más gloria” dio militarmente hablando en campañas como Argel, Flandes o la defensa de Cataluña contra los franceses.

Otro de los ídolos de Democracia Nacional, al que suele ofrecer numerosos homenajes de recuerdo, es Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid Campeador”, héroe de la historia y literatura española y admirado por estos colectivos por luchar y colaborar a la expulsión de los musulmanes. Cada año conmemoran el aniversario de su muerte (van por el 907 aniversario) y colocan flores en su estatua de Burgos. Para Democracia Nacional, partido que propugna la Islamofobia, no es de extrañar que el Cid sea uno de sus referentes.

Bien organizados en Europa

Democracia Nacional es miembro de Euronat, plataforma europea de partidos de extrema derecha, auspiciada por Jean Marie Le Pen. De hecho, en innumerables ocasiones han copiado de la derecha danesa o francesa diversos eslogan y carteles como el de las ovejas, compartidos por otros partidos europeos “afínes” como el ultraderechista SVP Suizo. Euronat, desde su fundación, tiene la finalidad de unificar las sinergias de crecimiento de la extrema derecha en toda Europa. Es decir: comparten ideologías y mensajes para defenderlas.

Canduela, que es un muy buen orador y sobretodo un gran populista, ha tenido diversas intervenciones estelares televisivas, donde se ha podido comprobar la peligrosidad de su discurso por la aceptación que puede tener en la sociedad. Tiene palabra fácil y a pesar de la pobreza de sus argumentos, siempre suele utilizar la demagogia para buscar el aplauso, demostrando unos evidentes grandes poderes de oratoria. No se crean que es un charlatán. Infravalorar a este tipo de personas, en ocasiones puede ser peligroso.

Orador populista pero efectivo

Se podrá estar o no de acuerdo con Canduela, pero hay que reconocer que es un buen orador, y por ello muchos creen que podríamos estar delante quizás del próximo líder importante de la extrema derecha en España. ¿Sería positivo para esta sociedad que personas con su mensaje e ideología se conviertan en estrellas televisivas?

Democracia Nacional de momento no es un peligro, pero podría serlo en caso de conseguir representación en instituciones, por su discurso, sus métodos y porque acumulan tras sus espaldas precedentes de incidentes dramáticos recientes.

Durante una concentración de Democracia Nacional el pasado 11 de noviembre en Madrid, un supuesto asistente, un militar, desconozco si miembro, afiliado o simpatizante del partido, que asistía al acto, de camino y en la parada de Metro madrileña de Legazpi asesinó a Javier Palomino de una puñalada, chaval antifascista de 16 años y menor de edad que moría desangrado.

www.insurgente.org

El sindicato CGT denuncia nuevas privatizaciones en la propia Administración pública.

Traicionar el significado de las palabras es una práctica que últimamente utilizan los políticos con el fin de abrillantar la mugre que se esconde en gran parte de sus políticas antisociales. No estamos hablando de palabras polisémicas, nos referimos a la argucia insidiosa que emplean a la hora de tomar medidas impopulares. Así, para reducir los sueldos de quienes menos cobran se habla de ajuste económico, competitividad, etc. Si lo que se quiere es fomentar que el empresariado tenga vía libre a la hora de despedir y mejor aún si el despido sale gratis, con acudir a términos como liberalización de las relaciones laborales, flexibilidad en el empleo o eufemismos por el estilo, es más que suficiente para que una parte del personal no entienda nada o piense que se está hablando de gimnasia deportiva o ejercicios de calentamiento antes de entrar a trabajar.

Las Administraciones Públicas no están al margen de este proceso interesado de tergiversación del lenguaje. Tras la expresión de externalización de los servicios públicos, se está llevando a cabo una progresiva privatización de los mismos. Vamos a un caso en concreto que se ha producido en la Administración de la Seguridad Social.

Recientemente dejaron de emitirse informes de vidas laborales de forma presencial e inmediata para trasladar ese servicio a una empresa privada, eso sí en nombre de la modernidad, rapidez y eficacia que, como no, es el sello distintivo de cualquier acto de la Administración. Como consecuencia, el informe que antes, con la gestión pública, tardaba en emitirse una media de entre 30 segundos y un minuto: pedir D.N.I., teclearlo y pulsar para que se imprima, ahora con la gestión privada puede tardar, en el mejor de los casos, entre 6 y 8 días.

Los medios para obtener el informe han cambiado, es decir, llamada a la empresa privada mediante un teléfono 901 de pago, con un coste económico directo para el ciudadano, (cuando toda la gestión era pública esa llamada era gratuita); petición a través de Internet, las tarifas españolas de este servicio son de las más caras de Europa; o solicitud del informe de vida laboral en las propias Administraciones de la Seguridad Social., antes estas lo entregaban en mano y de forma inmediata, ahora se limitan a tomar los datos para que sea la empresa privada Venturini S.A. quien cobre por ello y lo envíe al domicilio del solicitante. El proceso en todo caso, excepción hecha de quien tenga el certificado digital, es el siguiente: Una empresa privada imprime de forma centralizada el informe de vida laboral, se ensobra y se realiza la lista de correos por orden de provincias. Por este trabajo la empresa Venturini S.A. se embolsa un dinero. Del resto del proceso se encarga Correos, quien traslada el correo en vehículo a la Oficina de Correos de Madrid, la citada oficina distribuirá las cartas por provincias, se enviaran por avión, tren, autobús, etc., se recogerá el correo a su llegada a la provincia correspondiente, se trasladara el mismo en vehículo a la oficina de correos para que lo distribuya por municipios, el servicio de reparto de correos se encargara de entregar en cada domicilio particular el viajero informe de vida laboral. Si el proceso no se corta en ningún eslabón de la cadena, 6 u 8 días de tardanza gestionado por la empresa privada (con la gestión pública se entregaba en mano, en el momento y gratuitamente).

Modernidad, rapidez, eficacia en las Administraciones son palabras que suenan muy bien pero la realidad se contrapone a su genuino significado. ¿A quién beneficia esto? A la ciudadanía, desde luego, no.

www.rojoynegro.info

Nova agressió feixista del GAV al Terra a Benimaclet.

Si aquesta mateixa setmana informavem de les pintades que patia Ca Revolta al barri de Velluters de València, ara Maulets denuncia que la matinada del passat dilluns el Centre Social-Bar Terra també patia l’atac dels feixistes del GAV amb pintura blava. De moment aquest tipus d’accions, igual que l’incendi que patia la seu del BLOC a Benicàssim aquest passat cap de setmana i els darrers atemptats terroristes contra les seus a València d’ERPV i el BLOC amb bombes cassolanes o els trets que van disparar uns desconeguts fa uns mesos a Ca Revolta, continuen impunes. Ni les forces de seguretat de l’estat han realitzat detencions ni cap fiscalia les ha instat.
Des de l’Assemblea de Maulets informen que el darrer dilluns 21 de gener, a la matinada, va ser atacat el Centre Social "Terra" de Benimaclet, el qual va ser objecte de diverses pintades com: "Catalanistes go home" o "Terroristes" (totes elles deixant constància de la poca capacitat neuronal dels agressors, que es reivindicaren signant en nom de les joventuts del GAV).

Aquesta agressió es suma a les patides aquest darrer divendres al barri de Benimaclet per dos joves veïnes que van ser atacades per un grup nombrós de neonazis armats que els apallissaren i perseguiren.

Aquestes agressions venien precedides per altres eixa mateixa nit a altres barris de la ciutat (Zaidia, Cedre i Mislata, Meliana...). Com venint denunciant des de fa temps, el nostre barri està convertint-se en cau de joves neonazis i de blavers feixistes que només comprenen el llenguatge de l’odi, la violència i la intolerància, amparats, això si, per la impunitat de no sentir-se perseguits per la justícia ni la policia espanyoles.

"Davant d’això, només ens queda un camí: la lluita i el combat contra el racisme, el feixisme i la intolerànciá. És a dir, ens queda lluitar per un Benimaclet lliure d’aquesta lacra, per uns Països Catalans lliures".

lavanc.com

SGAE: la punta del iceberg de un entramado societario.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es mucho más que una entidad de gestión colectiva, lo que la obliga según la ley a no tener ánimo de lucro. Esto le ha permitido obtener del Ministerio de Cultura la potestad para recaudar dinero allí donde suene o pueda sonar música de uno de sus asociados. Sin embargo, como demuestran los datos del registro mercantil, SGAE es sólo la punta del iceberg de un entramado societario.Dentro de éste, la práctica totalidad de las compañías son sociedades limitadas, es decir, sí tienen ánimo de lucro. Además, la facturación de éstas se obtiene básicamente por servicios a SGAE y procede por tanto de la recaudación de derechos de autor.

De momento. SGAE lleva desde 2003 modificando su estructura y traspasando activos (monetarios y tecnológicos) a sus filiales para convertirlas en lucrativos negocios.De SGAE cuelgan dos patas: por un lado la Fundación Autor, que como tal fundación no puede tener tampoco ánimo de ganancia o lucro. Y por otro, la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), una sociedad limitada que es el brazo tecnológico de SGAE. Fundación Autor no puede ganar dinero pero es el único accionista de Iberautor, una sociedad limitada. Ésta a su vez es el principal o único propietario de otras cuatro sociedades limitadas. Todas ellas se dedican a obtener negocio de actividades relacionadas con la cultura, ya sea con la publicación y distribución de libros, discos y vídeos o con la programación y ejecución de espectáculos.

Se trata de Sello Autor, Centro de Producción Audiovisual Autor, Altos del Río y Teatro Príncipe Pío S.L.. Gestión de teatros Teatro Príncipe Pío S.L., de cuyo capital Iberautor controla el 60,28% (el resto está en manos de Antonio Banderas que redujo su participación en 2002), debe su nombre a un proyecto que nunca vio la luz: la creación por parte de SGAE junto con Riofisa de un espacio escénico en la estación de ferrocarriles de Príncipe Pío en Madrid. Riofisa acabó aliándose con la productora holandesa Stage Hólding para el proyecto, lo que motivó una denuncia de SGAE que ésta perdió al demostrar Riofisa que ni se había solicitado licencia de obras. Pero aunque fallase aquel intento, SGAE ya le tiene preparados casi una decena de teatros a la filial para que desarrolle su actividad, en competencia con otras salas de teatro privadas. Ni Teatro Príncipe Pío ni Iberautor invertirán un euro en la puesta en pie de los espacios escénicos porque no son sus propietarios.

El dueño (o gestor, porque en algunos casos son edificios históricos cedidos por administraciones públicas por hasta 75 años) es la Fundación Autor. ¿Cómo los ha conseguido? En el año 2003, la junta directiva de SGAE decidió iniciar el llamado Plan de Sedes Integrales y dotar a la Fundación Autor del dinero necesario para emprenderlo (ver información en página siguiente). Según la memoria de SGAE de 2004, la decisión se toma en base a un informe de la consultora Ernst & Young. También en 2003, SGAE decide traspasar sus activos tecnológicos a otra filial 100% suya: SDAE. La actividad fundamental de ésta se centra en el mundo digital y de Internet. Portales de venta de contenidos, sistemas de protección de copia privada (DRM) con la clara intención de ser comercializados y obtener con ello un beneficio lucrativo. Es el caso del sistema Argos, activo fundamental de Argos International Organization, participada por SGAE, SDAE y la SGAE de Francia.

Directivos pluriempleados

Junto al entramado societario de SGAE existen compañías que no cuelgan de la gestora pero comparten directivos, domicilio social y en algunas ocasiones incluso el teléfono de contacto. La principal es Microgénesis, de la que fue presidente hasta el año 2000 el actual director general de SDAE, José Luis Rodríguez Neri. Coinciden además entre sus directivos otros de SGAE como Rafael Ramos Díaz o Eva García Pombo. Entre los negocios de Microgénesis está la gestión de los portales de venta de música Latinergy, Museekflazz, Egrem y Nubenegra y entre sus proyectos (según su página web) está el sistema Teseo (proyecto de SGAE) o La Central Digital (web de Portal Latino). Microgénesis, Coqnet, La Central Digital y Portal Latino, entre otras, han compartido sede en Gran Vía 36 durante años. Ahora se están trasladando todas a Abdón Terradas 4. Mil fórmulas para sacar de SGAE el dinero recaudado De la recaudación de SGAE no han escapado ni Inditex, ni TVE, ni las bodas, ni lo van a hacer los móviles, por citar algunos ejemplos. La sociedad sigue incrementando sus ingresos, que en 2006 alcanzaron los 343 millones de euros. La mayor parte se distribuye entre sus asociados por una fórmula que SGAE no revela. Pero hay otras vías que consumen parte del dinero. Una es el traspaso de activos. Es el caso de los 55 millones que se traspasaron entre 2003 y 2006 a Fundación Autor procedentes del fondo de promoción. O los activos tecnológicos que se han traspasado a SDAE mediante ampliaciones de capital (de aportación no dineraria, según las cuentas del registro). Otra de las opciones aparece en las cuentas auditadas de las filiales de SGAE. Iberautor debe su facturación (que ha rondado entre 2002 y 2005 los 10 millones de euros anuales) fundamentalmente a SGAE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005. La factura de 2005, por ejemplo, equivale al 3,4% de todo el dinero recaudado ese año por SGAE como derechos. No se especifican las actividades de Iberautor porque, aclaran, eso puede “provocar perjuicios” a la sociedad.

En el caso de SDAE, obtiene el 99% de su facturación de SGAE.Además están las ampliaciones de capital, a las que acude SGAE para reequilibrar el patrimonio cuando una filial entra en quiebra (como SDAE en 2004 o Portal Latino en 2005). Pero una de las partidas más significativas de las cuentas de las filiales de SGAE son los “servicios exteriores”, que figuran en el apartado de gastos y consumen buena parte de lo que se factura a la gestora. Iberautor, en 2005, gastó en servicios exteriores 7,1 millones de euros. SDAE en ese mismo año refleja por ese concepto 0,51 millones de euros. SGAE contrata con asiduidad a algunas sociedades no del grupo con las que sí comparte directivos y el domicilio social de sus filiales. Es el caso de Microgénesis, que tiene entre sus proyectos La Central Digital o el proyecto Teseo de SGAE. Otra es Coqnet. Son quienes figuran como contacto técnico y de facturación de los principales portales de venta de contenidos de SGAE.

www.publico.es

Hacia la mercantilización de la Universidad: Llega el Plan Bolonia.

El Ejecutivo Zapatero acaba de promulgar un decreto sobre las enseñanzas universitarias, para aplicar las directrices impuestas por la UE en el llamado Plan Bolonia. El resultado de esta contrarreforma será una Universidad para privilegiados, con la investigación científico-técnica al servicio del beneficio privado y regida por los mismos criterios empresariales de cualquier multinacional.

Prácticamente desapercibidas han pasado, al parecer, las declaraciones efectuadas el lunes, día 14, por el rector de la ULPGC, José Regidor. Sin embargo, los acontecimientos que estas declaraciones adelantan no tardarán demasiado en afectar gravemente a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad canaria. Sus palabras merecen, por tanto, ser analizadas y situadas en su justo contexto.

Durante la presentación de las Jornadas de Financiación de las Universidades Públicas Españolas, José Regidor -hombre afín a los parámetros ideológicos del PSOE - se quejó de las "bajas tasas de las matrículas que mantienen las universidades canarias" que, en su opinión, "perjudican a estas instituciones y son inapropiadas respecto al resto de España y la Unión Europea". Además de defender la subida de estas tasas, el rector subrayó que "urge la reforma del sistema de financiación" de la Universidad, y defendió una revisión del sistema fiscal para conseguir que las universidades españolas "cuenten con más apoyo de las empresas privadas". En este sentido, Regidor reiteró su petición de que se permita a los empresarios instalados en Canarias invertir los fondos de la RIC en proyectos de "innovación".

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Lothar Siemens -acaudalado empresario, además de mediocre escritor- calificó de "fundamental" que se modifique la Ley de Mecenazgo para que la inversión privada pueda financiar proyectos públicos como las universidades. Siemens no dudó en calificar el sistema de financiación de las universidades canarias como uno de los "peores" del Estado, por su alta dependencia del dinero público. (Entre el 70 y 80% de su presupuesto es aportado por el Gobierno de Canarias).

Como colofón a este coordinado discurso a dos voces, el rector aseguró que "hay que darse prisa" a la hora de realizar estos cambios, porque "no hay dinero" y el que hay "es para mantener los recursos existentes". Y Lothar Siemens solicitó que las conclusiones que se obtengan en las jornadas se puedan aplicar al nuevo contrato programa que las dos universidades canarias elaboran junto al Gobierno autónomo. La consejera de Educación, Milagros Luís Brito, aseguró que el "Ejecutivo será sensible y receptivo" a estas peticiones. Pero si los cambios en la Universidad canaria, tan deseados por el rector, están a la vuelta de la esquina, no es fundamentalmente por la buena disposición de la consejera. En realidad, José Regidor sólo está continuando la senda iniciada por el anterior rector Manuel Lobo, llevando a la ULPGC las directrices de una contrarreforma educativa pergeñada en los años 90, y para cuya inmediata aplicación acaba de promulgar un Real Decreto el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero.

DEL 'LOBBY' EMPRESARIAL EUROPEO AL PROCESO DE BOLONIA

En 1999, en la ciudad italiana de Bolonia, los ministros de Educación de la Unión Europea firmaron una Declaración conjunta, que dio inicio a un "proceso de convergencia" cuyos objetivos declarados eran facilitar un efectivo intercambio de titulados entre los distintos países, así como adaptar los estudios universitarios a las demandas sociales. Estas llamadas "demandas sociales", no obstante, lejos de ser el producto de la expresión democrática de los ciudadanos supuestamente representados por los firmantes del acuerdo, habían sido impuestas con anterioridad por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos (ERT), uno de los grupos de presión más influyentes de la UE. Tres años antes de la Declaración de Bolonia, este "lobby", que agrupa a directivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault o Siemens, entre otras, presentaba un informe titulado "Educación para los europeos. Hacia la sociedad del aprendizaje", en el que podía leerse:

"El objetivo de este informe es presentar la visión de los empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y sociales del momento. La ERT espera que añadiendo la visión práctica de la empresa se pueda ayudar a provocar los urgentes cambios que, a nuestro juicio, requieren en la actualidad los sistemas educativos europeos".

Los miembros de la ERT, a quienes se puede considerar en justicia como los verdaderos artífices en la sombra de la política económica de la UE, también tuvieron éxito a la hora de definir el modelo educativo más adecuado a sus intereses particulares. El Proceso de Bolonia, que condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, hizo suyas las líneas fundamentales expuestas en su informe, orientando la trasformación de los sistemas universitarios en la dirección exigida por estos grandes poderes económicos, para ser "competitivos" frente a los EE.UU. y otras potencias emergentes.

HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: UNA ENSEÑANZA PARA PRIVILEGIADOS

Aunque los incrementos que sufrirán las tasas de matriculación de las Universidades en los próximos cursos bastarán, probablemente, para provocar las mayores protestas entre los estudiantes, éstos solo constituyen uno de los efectos de la reforma que está a punto de imponerse y que terminará -si nada lo impide- con el tipo de Universidad que hoy conocemos.

El Real Decreto de 29 de octubre de 2007, por el que se establece la "reordenación de las enseñanzas universitarias oficiales", suprime definitivamente las diplomaturas y licenciaturas, para dar paso a una nueva jerarquización de las titulaciones en Grado, Máster y Doctorado. Los Grados ofrecerán una "formación general" orientada al ejercicio de actividades de "carácter profesional".Para especializarse y adquirir las "competencias, habilidades y destrezas" demandadas por empresarios y banqueros, quienes puedan permitírselo deberán realizar un Máster o Doctorado entre 3 y seis veces más caro que el Grado. Además, con la implantación del llamado Eurocrédito, sólo el 30% de los créditos de los que está compuesto cada curso corresponderá a las clases presenciales, por lo que habrá que pagar por tutorías, horas en la biblioteca, etc. Para hacer frente a los precios prohibitivos que alcanzarán los estudios superiores los alumnos tampoco contarán con las becas que hasta ahora habían conocido. Sólo podrán acceder a una beca-préstamo, con sus correspondientes intereses, que tendrán que pagar en cuanto concluyan la carrera, por lo que se incorporarán al mercado de trabajo con una "hipoteca" previa que mejorará aún más la posición de dominio de quienes demanden su fuerza de trabajo.

En la Universidad se establece, como puede apreciarse, un proceso de selección basado en el poder adquisitivo, que configurará una institución mucho más elitista, con una limitación drástica del acceso de las clases populares. La imposición de un nuevo horario académico similar a la jornada laboral, adecuado a una orientación mercantilista preocupada exclusivamente por producir "trabajadores eficientes" y no por formar ciudadanos instruidos y críticos, será otro obstáculo que contribuirá decisivamente a realizar la mencionada criba clasista. Máxime, cuando se establecerá también la asistencia obligatoria a todas las clases y el resto de actividades incluidas en los créditos, impidiendo así compaginar los estudios con el trabajo.

Paralelamente a estos cambios en los planes de estudio tendrá lugar un incremento progresivo de la financiación privada de las Universidades y, consecuentemente, del control de estas instituciones por parte de sus nuevos patrocinadores. También en este aspecto las declaraciones e iniciativas del rector de la ULPGC, que recientemente ampliaba un "convenio de colaboración" con el BSCH de Emilio Botín, han adelantado los futuros acontecimientos. La reflexión "sobre el sistema de financiación" a la que ha aludido José Regidor, se circunscribe, en realidad, al establecimiento de los mecanismos más adecuados para posibilitar el tránsito a este modelo que conduce, con paso firme y decidido, hacia la privatización de la universidad.

Pero no será preciso esperar a futuras regresiones para constatar quienes pasan a dominar las universidades del Estado español. El decreto gubernamental antes mencionado establece ya que la ANECA, (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), constituida en buena medida por profesionales representantes del mundo empresarial: "elaborará un informe sobre el plan de estudios que tendrá carácter preceptivo y determinante". Según el artículo 27 de este decreto, para la renovación de un título universitario será necesario un "informe positivo" de la ANECA.

Si un plan de estudios no supera la fiscalización de este organismo "se considerará extinguido… y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional". Se establece así, por ley, el procedimiento para que los "mecenas" determinen qué estudios pueden cursarse, así como los conocimientos y carreras que deben desaparecer por no ser adecuadas a sus "demandas sociales". Este proceso de privatización afectará también, obviamente, a la propiedad de las patentes de investigación, ya que las empresas no subvencionarán investigaciones de las que luego no puedan obtener sustanciosos beneficios. Los ideales de libertad y autonomía académica tampoco tendrán cabida, por tanto, en los nuevos centros de formación de empleados dóciles y "cualificados" en que se pretende convertir la institución universitaria.

Nos enfrentamos, pues, a la última vuelta de tuerca del proyecto neoliberal de la Unión Europea, en la que los mismos poderes económicos que han impuesto la precariedad laboral o la privatización de las empresas públicas como "necesidad" para posibilitar su crecimiento particular, atentan ahora contra uno de los pocos derechos sociales no desmantelados aún por completo. Al tiempo que la educación pública primaria y secundaria es sometida a un interesado proceso de deterioro, la Universidad se proyecta como "escuela de negocios" para privilegiados, con la investigación científico-técnica al servicio del beneficio privado y regida por los mismos criterios empresariales de cualquier multinacional.

En Canarias, el rector de la ULPGC, José Regidor, parece dispuesto a abanderar esta contrarreforma, que terminará por imponerse si una fuerte organización estudiantil y ciudadana no logra constituirse para evitarlo.

www.canarias-semanal.com

Más información sobre el Plan Bolonia en la sección Derecho positivo a debate (barra lateral del menú de inicio)

Escrito de los encarcelados por el sumario 18/98.

Felicidades Euskal Herria

Por medio del presente artículo, los encarcelados por el sumario 18/98 se dirigen a los ciudadanos vascos no para agradecerles la amplia respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional española, sino para felicitarles por haberse dado cuenta de que «el sujeto de la agresión no son personas concretas, sino la lucha por los derechos de Euskal Herria».

Felicidades Euskal herria por la respuesta ejemplar que por encima de intereses partidistas habéis dado en las calles, fábricas, comercios, centros de enseñanza... a la nueva agresión materializada en la condena que nos han impuesto en el macrosumario 18/98.

Felicidades porque habéis sabido ver que lo importante no somos las personas ni las organizaciones condenadas, sino el hecho de que con la sentencia se condena a Euskal Herria, su derecho a convertirse en una nación libre.

Felicidades y no gracias, porque nuestra llamada no pretendía que hiciéseis algo por nosotros. Era un llamamiento a construir con nosotros los pilares de esa Euskal Herria independiente y solidaria con los pueblos formada por personas libres y solidarias con las personas.

Por eso, porque nos sentimos orgullosos de nuestra militancia política, porque nos sentimos parte de un pueblo que lucha por su reconocimiento y dignidad, porque sabemos que pese a estar presos, exiliados, deportados, detenidos, en la clandestinidad... la lucha nos hace libres como personas y la lucha nos hará libres como pueblo. Por todo ello y por mucho más vivimos con orgullo nuestra detención, el banquillo y también nuestro ingreso en prisión. Jamás podrá atentar contra nuestro honor que policías, políticos y jueces españoles o franceses nos persigan y condenen; al contrario, es un auténtico honor compartir el destino de las mejores hijas e hijos de este pueblo en su larga lucha.

Y es que la única sentencia que para nosotros tiene legitimidad es la de nuestro pueblo. Y si ésta era ya clara y contundente, los días 2 y 13 de diciembre quedó reafirmada con el compromiso de seguir en la lucha. Esa es la mejor respuesta a los macrojuicios que nos precedieron, a los que vendrán y, en general, a los instrumentos que los estados crean para hacernos desaparecer.

Las imputadas y los imputados en el 18/98 hemos sido unos privilegiados. Hemos tenido la suerte de que nuestro juicio haya tenido un importante seguimiento mediático y han sido muchísimas las casas a las que ha llegado la constatación de que la tortura es la base de este sumario. Que la Audiencia Nacional española es un circo que en lugar de la risa persigue el sufrimiento. Que sus jueces son inquisidores que con sus condenas dotan de eficacia práctica a la tortura con el objetivo de acabar con el independentismo vasco. Han sido muchas familias las que han asistido escandalizadas ante los miles de kilómetros que nos han obligado a realizar, atemorizadas por los accidentes que hemos sufrido y ante la previsión de otros que podrían llegar hasta comprender que a eso no se le puede llamar accidente.

Queremos aprovechar esa situación de privilegio para decir que todo esto, tortura, Audiencia Nacional, kilómetros, accidentes... no nace con el 18/98. Son miles los vascos que han pasado por todo ello, vivimos el mismo infierno de la tortura, el mismo macabro circo de la Audiencia, los miles de kilómetros impuestos con nocturnidad, premeditación y alevosía sin que por desgracia sus situaciones hayan tenido el mismo eco mediático. Un beso con todo nuestro cariño a Txino y a toda la familia de Nati. Nuestro mayor desprecio a quienes crearon, mantienen y miran hacia otro lado ante esa máquina de matar que es la dispersión.

Muchas y variadas han sido las valoraciones que políticos y cargos institucionales han hecho de nuestra sentencia. No merecen ni respuesta un PP y un PSOE por ser quienes han perpetrado este atentado. Lógico que la reivindiquen si la merecen quienes pretenden llevar su análisis al terreno de lo jurídico y únicamente para decirles que ya es hora de dejar de esconderse en debates técnicos y afrontar el hecho de que la agresión es política y que es igualmente política la respuesta que merece.

Por nuestra parte consideramos que son tres las preguntas cuya respuesta evidencia la realidad ante la que nos encontramos: por qué, cómo y para qué.

Un somero repaso a las personas y organizaciones implicadas en los macrosumarios deja claro el porqué. Jarrai/Haika/Segi para cortar mediante el terror el relevo generacional que mantiene viva la lucha. «Egin», «Egin Irratia», «Ardi Beltza», «Euskaldunon Egunkaria» para controlar la información como medio para imponer la opinión y el pensamiento únicos. Joxemi Zumalabe Fundazioa y Ekin para acabar con lo que históricamente ha sido la base y el oxígeno de la lucha en Euskal Herria, la autoorganización popular. Udalbiltza para impedir la construcción de una institucionalidad propia que tenga a Euskal Herria como sujeto y la construcción nacional como motor. Batasuna para impedir la formación y crecimiento de una unidad popular en torno a la creación del Estado vasco. Xaki para impedir la solidaridad internacional en torno a ese proyecto político y a la superación democrática del conflicto. AEK en su día y «Euskaldunon Egunkaria» de nuevo para impedir que el euskera llegue a ser la lengua del pueblo. El movimiento pro-amnistía para impedir que el círculo de impunidad de la represión creado por el Estado se vea roto por el trabajo militante y solidario de miles de vascos.

El cómo lo estamos viendo. Les es imprescindible acabar con el derecho a pensar, a organizarse a expresarse, a manifestarse, a votar, a ser votados... El cómo implica la negación de los principios y derechos más elementales en democracia hasta convertir los derechos en privilegios otorgados o negados a capricho de quien gobierna y la democracia en un engendro como aquél en el que tan plácidamente vivieron franquistas como Mayor Oreja. También hoy vive plácidamente quien asume la imposición.

¿Para qué? Para hacer imposible la democracia vasca, la que posibilitará la creación de un Estado vasco si es que así lo decide la mayoría en Euskal Herria. A eso, a la independencia, es a lo que tienen pánico. A la posibilidad de que la igualdad, el respeto y la solidaridad sustituyan a la imposición, la negación y la guerra como los principios que guíen las relaciones entre los pueblos presos en los Estados español y francés.

Por eso los independentistas defendemos los derechos y la democracia, porque los necesitamos como el respirar para que nuestros sueños sean posibles y realizables. Por esos mismo los imperialismos español y francés temen a la democracia como a la peste, porque saben que con ellos llegará el fin de la imposición.

Esto es lo que hay. Por eso insistimos en que sometimiento o lucha, rendición o lucha son las únicas alternativas. Por eso decimos que están puestas las bases para pasar de la solidaridad al trabajo en común en defensa de los derechos de las personas y de Euskal Herria por el logro de la democracia vasca, la misma que hará que la voluntad del pueblo sea el único límite a la hora de decidir su presente y futuro. La misma que traerá la superación del carácter violento de la confrontación.

Esta es nuestra propuesta de trabajo en común y ése es el espíritu con el que os llamamos a responder.

Por nuestra parte deciros que, ahora desde la cárcel, nos reafirmamos en nuestro compromiso militante.

Esta será probablemente la última vez que nos dirijamos a vosotros como colectivo de imputados/encarcelados tras el sumario 18/98. Ahora somos ya integrantes del colectivo de presos políticos vascos y desde ahí pelearemos.
Eso sí, como decíamos en la calle, no queremos que luchéis por nosotros, lo que buscamos es que luchéis con nosotros. Por eso, felicidades y no gracias. Por eso, una llamada para pasar de la solidaridad al trabajo en común.

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El control de las libertades en internet y la nueva ‘ley mordaza’

Con la LISI, el Gobierno amplía a las “autoridades competentes” la posibilidad de ordenar el cierre de una página web, algo que hasta hace poco sólo se podía llevar a cabo con una resolución judicial.

Hubo una época en la que los académicos, los periodistas, los ciudadanos y los políticos planteaban recurrentemente la cuestión: ¿se puede regular internet? La respuesta ha llegado de unos años a esta parte en forma de leyes que tanto en Europa como en el resto del mundo están cercando un campo que se creía imposible de vallar. La última ley aprobada en el Estado español, la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), establece que determinadas “autoridades competentes” (que no se especifican en la ley) podrán ordenar el cierre de páginas web y sitios de internet, algo que hasta hace poco sólo podía autorizar un juez. La medida supone un recorte drástico a la libertad de expresión de los ciudadanos en internet, que queda en manos de esas ‘indefinidas’ autoridades competentes, según diversas asociaciones que se han manifestado en contra, entre ellas la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de internet y la Comisión de Libertades de Internet, entre otras.

La ley, publicada el 29 de diciembre de 2007, “vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, y otros, como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales”, según el informe de la Oficina del defensor del internauta de la AI. Un par de meses antes, el Congreso aprobaba otra ley que suscitó la airada reacción de los activistas de internet nuevamente. Una nueva ley para la retención de datos en las comunicaciones electrónicas que obliga a las empresas de comunicaciones (operadoras móviles y fijas, proveedores de internet, etc.) a guardar masivamente, durante dos años, los datos de todas nuestras comunicaciones: cuándo llamamos o nos conectamos a internet, a quién llamamos, desde qué lugar (en el caso de los móviles)...

Todo ello para que la Policía y demás cuerpos de seguridad puedan acceder a esa información. Ante este panorama, la opinión del presidente de la AI, Víctor Domingo, es pesimista: “Nos encontramos con un retroceso de las libertades con unas leyes que son aprobadas por el Gobierno, como si tal cosa, con toda naturalidad”. La nueva LISI, por ejemplo, toca de lleno la cotidianidad de los internautas. Un joven abre un blog y critica a la dirección de su instituto, la cual solicita el cierre del blog por la “mala imagen que da del centro”. El caso señalado se saldó con una denuncia y juicio por un comentario anónimo injurioso en el blog. Sentencia y multa de 200 euros por las injurias del anónimo. Un año después, aquel joven continúa con su blog escribiendo sobre política y temas sociales. Es el ejemplo perfecto que plantea la nueva LISI, porque, ya aprobada la ley: ¿quién será el responsable del cierre de esa web?, ¿podrá solicitarlo el centro escolar a una ‘autoridad competente’ que suprimirá la opinión de un alumno de internet?

Para unos, como la AI, la LISI abre la puerta a que conflictos de ese tipo o similares se solucionen sin pasar por los tribunales, dándole potestad a ciertos ‘órganos competentes’ para cerrar las páginas. Desde el PSOE se ha defendido que la ley “no atribuye nuevas competencias a nadie, ocurre lo mismo que en la vida real, y nadie podrá cerrar un blog salvo un juez”. Pero para las asociaciones civiles como la AI el asunto no está tan claro, y tampoco para el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Pedro Martínez, que considera que “es una ley que nace viciada, que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que debería haber sido tramitada por lo tanto como ley orgánica y no como ley ordinaria”.

Las entidades de gestión como la SGAE, responsables de recaudar el canon, han tratado de que la ley les facilite la posibilidad de perseguir determinadas prácticas que hasta el momento los tribunales no han considerado ilegales. No han accedido a sus reclamaciones. “Han hecho una ley a medida de las entidades de gestión, para permitirles clausurar páginas web de internet sin necesidad de acudir a los tribunales”, replica Martínez. “Este debate no es nuevo, ya lo tuvimos hace unos años”, recuerda Domingo, “y lo ganamos”. La batalla, sin embargo, vuelve a plantearse. Y lo que para algunos constituye la lógica regulación de internet para otros representa la amputación de derechos fundamentales. Lejos queda aquel alegato que hace 11 años lanzaba John Perry Barlow: “Gobiernos del mundo industrial… no sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos”. En aquel momento se creía que internet no podría ser regulado. Las tornas han cambiado, con cada nueva ley de internet los ciudadanos se juegan buena parte de sus derechos civiles, y lo hacen de forma definitiva, sin vuelta atrás. Las previsiones de algunos testigos sobre el tipo de sociedad que va a resultar son sombrías. Y la indiferencia sobre estos asuntos es extensa.

Las comunicaciones privadas al descubierto
Con la nueva ley sobre retención de datos, aprobada el pasado octubre, se crean repositorios masivos de datos a los que la Policía podrá acceder de forma indiscriminada una vez que tienen autorización judicial. Los datos de nuestras comunicaciones privadas podrán ser examinados “para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir”, somos sospechosos por defecto, señala el teniente fiscal de Madrid Pedro Martínez. Esta legislación crea una asimetría total entre el Estado y los ciudadanos, según lo interpreta la Comisión para las Libertades en Internet. Mientras el Estado sabe cada vez más de los ciudadanos, éstos ignoran cada vez más la vigilancia a la que se encuentran sistemáticamente sometidos: “El Estado y las empresas acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros”, decía en un informe realizado sobre esta ley.

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Fabra, el cacique del PP en Castellón.

El protagonista del lento y complejo ‘Caso Fabra’ ha sido agraciado –y ya van tres veces– con un premio de dos millones de euros en el sorteo del Niño de la lotería. El hecho recuerda sospechosamente a las 50 veces que, en 15 años, la suerte sonrió a la familia de Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama urbanística de corrupción en Marbella. La compra de billetes premiados de lotería es todo un clásico del blanqueo de dinero negro.

El sorteo del Niño de la lotería ha dejado un ganador muy aficionado a ganar dinero: Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y máximo líder del PP castellonense. Dos millones de euros que han ido a parar al bolsillo del polémico político castellonense, imputado por una posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.

El particular estilo de Carlos Fabra, abogado y corredor de seguros, le ha llevado a tejer una amplia red clientelar dentro y fuera del Partido Popular en Castellón. El sector empresarial –especialmente de la construcción– ha estado muy ligado a los tejemanejes del presidente de la Diputación en la remodelación radical que ha sufrido Castellón. Su peculiar forma de hacer política incluye a 26 asesores nombrados a dedo –700.000 euros en sueldos– o gastos en 2003 de 165.000 euros en comidas y 26.000 en entradas para los toros. Todo ello a cargo del erario público. Su influencia en la política valenciana ha sido fundamental. En plena carrera por el poder autonómico en 1993, Eduardo Zaplana, cuya influencia se concentraba en la zona de Alicante, comprendió perfectamente que debía contar con el cacique castellonense. La experiencia de Zaplana en el ‘Caso Naseiro’ se convertiría en un interesante espejo para el castellonense.

Sin embargo, años más tarde, Zaplana parte hacia Madrid, al Ministerio de Trabajo del Gobierno de José María Aznar. La persona que, en un principio, era el fiel escudero que protegía la retaguardia política valenciana de Zaplana, Francisco Camps, se rebeló contra el cartagenero, convirtiéndose en su peor enemigo y desencadenando una fraticida guerra interna entre campistas y zaplanistas. Y en esta guerra el eterno cacique de las gafas oscuras tuvo un papel clave accediendo finalmente a apoyar la hegemonía campista que el nuevo presidente autonómico reclamaba frente al cada vez más alejado portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso.

Apoyo del partido

Pero significativamente, Fabra, que está siendo investigado por el uso electoral de censos de extranjeros en las últimas elecciones municipales del 27-M, a las cuales el imputado se presentaba contradiciendo así el “código ético” del PP, ha contado con el apoyo de ambos en relación a sus numerosos problemas con la justicia. “Tengo la seguridad” –afirmaba Zaplana en 2004– “de que cuando acabe el proceso, sea de forma inmediata o posteriormente, con la tramitación de la querella, la honorabilidad del señor Fabra quedará fuera de toda duda”. “Le conozco bien y sé que será así”, añadía. Por su parte, Camps afirmaba que el político imputado “tiene todo el respaldo personal y político de todo el Gobierno y del PP”. Hasta le organizó una cena de homenaje.

La carrera política de Fabra al frente del PP de Castellón ha ido en paralelo a un sospechoso enriquecimiento personal. Desde que accedió al cargo en 1995, ha multiplicado por siete el valor de su patrimonio. También multiplicó por 11 el número de sus acciones en bolsa: de 696 a 7.910. La Agencia Tributaria detectó 600.000 euros no justificados por Fabra y la jueza sumó esta investigación a la causa abierta en 2003 contra el líder del PP por el empresario Vicente Vilar. Éste acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de agilizar las gestiones políticas para obtener la autorización de productos fitosanitarios.

Fabra es administrador único de Carmacas S.L., una empresa de consultoría, creada en agosto de 2004 para la asesoría laboral y la formación y prevención de riesgos laborales. Por su parte, Vilar es propietario de Naranjax, un fabricante formulador de productos fitosanitarios. En junio de 1998, las esposas de Fabra y Vilar –María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente (ésta última separada de Vilar desde abril de 2003)– crean Artemis 2000, que paga, en agosto de 2000, 8.300.000 pesetas (49.884 euros) a la consultoría de Fabra en concepto de distintas asesorías, según Vilar. Asimismo, Artemis 2000 cede en exclusiva la distribución de sus productos (la gestión de las autorizaciones) a Naranjax.

Otro empresario, Manuel Ruiz, declaró que pagó 11 millones de las antiguas pesetas en una bolsa de plástico para que Fabra agilizase las autorizaciones de los productos fitosanitarios. Ruiz aseguró que el pago causó efecto desbloqueando así las licencias en Madrid. El empresario Ginés Márquez, testigo del ‘Caso Fabra’, declaró que el presidente de la Diputación participó en una cena en la que se trató sobre la venta de la firma Naranjax, S.L. contradiciendo así la versión de Fabra según la cual nunca ha “participado en nada de Naranjax”.

Altos cargos del PP

El ‘Caso Fabra’ ha salpicado de lleno a dos ex altos cargos del PP que han sido imputadas por la Audiencia de Castellón. Se trata de la ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y actual directora general de Familia, Infancia y Voluntariado en el Ayuntamiento de Madrid, Dolores Flores, y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana y subsecretaria de la Consellería de Bienestar Social hasta junio del 2007, Pilar Máñez. Ambas deberán declarar en los juzgados sobre presuntos delitos contra la Administración pública. Esteban González Pons, conseller de Camps, declaró desde su despacho en condición de testigo. La magistrada suspendió la declaración del ex jefe de gabinete de Aznar, Alfredo Timermans, al no ser éste encontrado por la policía en su domicilio madrileño –un medio de Prisa lo localizó en Nueva York–.

En el juzgado de instrucción nº1 de Nules también han testificado por escrito Juan Posada (ex ministro de Agricultura), Celia Villalobos (ex ministra de Sanidad) y Miguel Ángel Arias Cañete (ex ministro de Agricultura). El ex ministro de Ciencia y Tecnología y actual coordinador electoral del PP, Juan Costa, tuvo que desplazarse hasta el juzgado. El empresario Vicente Vilar amenazó con aportar datos sobre la financiación ilegal del partido implicando además al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y al diputado del PP Miguel Prim. La juez Lourdes Novarques se convirtió hace un mes en la séptima magistrada que, en cuatro años, abandona el ‘Caso Fabra’. Cuando el cacique se sienta en el banquillo, la justicia se hace lenta, flexible, amable.

Los Fabra: un siglo en el poder
Carlos Fabra ha sido considerado por muchos como un auténtico cacique del siglo XXI. Porque de la mayor parte del siglo XX ya lo fueron sus antepasados. Y es que los Fabra han sido los caciques de Castellón desde principios del siglo pasado. Victorino Fabra Gil fallecía en 1907 siendo presidente de la Diputación. Antes de morir tres sobrinos suyos fueron presidentes de la Diputación: Victorino, Hipólito y Plácido. El primero de los sobrinos dejará a su hijo Luis Fabra Sanz la Diputación como herencia que luego pasará a manos de Carlos Fabra Andrés. El hijo de éste, Carlos Fabra Carreras ocupará la presidencia de la Diputación en 1987 hasta nuestros días. Todo un siglo en el poder.

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De la CEE a la UE ‘superpotencia mundial’

...por Ramón Fernández Durán

La elaboración del nuevo Tratado de Reforma ha sido aún más antidemocrática que la de la Constitución. Su redacción final ha sido el resultado de una Conferencia Intergubernamental presidida por el secretismo, sin ninguna participación del Parlamento Europeo, ni de los parlamentos nacionales, ni ningún contacto o negociación con los “agentes sociales” –Confederación Europea de Sindicatos (CES), grandes ONG...–, a los que se involucró antes de cara a vender mediáticamente la imagen participativa del proceso constitucional. La aprobación del nuevo Tratado se hará por vía parlamentaria. La nueva Europa será una “Unión de Estados” en la que han sido suprimidos los ciudadanos, que ni siquiera se mencionan en el preámbulo, al contrario que en la Constitución.

El nuevo Tratado sigue abriendo la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones, sometiendo a estos “servicios de interés general” (ya no se habla de servicios públicos) a la lógica del mercado. Mientras tanto, la política social y la fiscalidad siguen sometidas al veto, imposibilitando una política comunitaria al respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la Unión. El gasto público social queda muy severamente limitado por el Pacto de Estabilidad, y se preconiza que los Estados deben alcanzar el superávit presupuestario, pero eso sí, se anima a gastar más, bastante más, en los presupuestos militares. Además, debido al hecho de que la iniciativa legislativa sigue residiendo en la Comisión Europea, ello hará que el marco comunitario responda cada vez más a las lógicas de los grandes conglomerados empresariales y financieros, que poseen importantes lobbies de presión en Bruselas. La Nueva Estrategia de Lisboa, o el nuevo documento de la Comisión: Europa Global, compitiendo en el mundo son un muy buen ejemplo de ello. Según el Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, puedan ganar acceso a los mercados mundiales”. El Tratado (y la nueva directiva del mercado único de capitales) da aún más poder al mundo del dinero, reforzando el papel del Banco Central Europeo. Por otro lado, el nuevo Tratado dota a la Unión de estatus jurídico internacional.

Más desigual

El Tratado configura una estructura institucional europea con distintos núcleos y periferias, que contendrá al menos dos grandes Europas. Una, el Eurogrupo, los 15 países que han adoptado el euro como moneda común. Ellos serán con toda probabilidad los que intentarán ir más allá en sus políticas de integración (“cooperaciones reforzadas”), y el nuevo Tratado lo permite en las áreas en que se pueden tomar decisiones por mayoría, aunque serán los actores más poderosos los que condicionarán su evolución. El otro grupo son los no miembros del euro –pero sí ya “eurizados”– del Este, que lo más probable es que tarden en integrarse en la moneda única, pues manifiestan severos desequilibrios económicos como consecuencia de su incorporación (dependiente) a la Unión.

Pero la futura Europa tendrá también otras periferias o círculos concéntricos. De hecho, las lleva construyendo desde hace tiempo. Una será la que se está creando en su flanco sur, la Unión Mediterránea, “presidida” por Francia pero en la que tendrán un papel importante España e Italia. La Unión Mediterránea buscaría también disputar a EE UU su hegemonía en el Mediterráneo. La otra gran periferia sería la del Este de la Unión (Ucrania, Bielorrusia, etc.), y su gestión más directa correspondería a Alemania.

La UE se está convirtiendo cada vez más en un nuevo Gran Hermano incontrolable. El proceso se inició ya hace años (acuerdo Schengen, grupo Trevi, etc.), pero en los últimos años, este endurecimiento no ha hecho sino profundizarse, en especial hacia los movimientos contestatarios, y el nuevo Tratado significa un nuevo e importante paso en la misma dirección. Los derechos políticos y las libertades están seriamente en cuestión. Las políticas de seguridad (y justicia) se comunitarizan. Y los Estados se decantan cada vez más por las políticas de ‘Tolerancia Cero’. Es más, el nuevo Tratado (al igual que la Constitución) contiene una Cláusula de Seguridad, que permite a la Unión intervenir en un país miembro en caso de ataque terrorista, catástrofe natural o humana (¿un levantamiento popular, tal vez?). Todo ello se intenta encubrir con una Carta de Derechos Fundamentales, de consecuencias jurídicas dudosas, que para nada recoge de forma vinculante los derechos sociales (cada día más erosionados), y que además ha quedado fuera del nuevo Tratado (en el que tan sólo se menciona su existencia).

De cualquier forma, todavía no está claro que los 27 puedan ratificar, todos ellos, el Tratado de Reforma antes de 2009. Las sociedades civiles europeas, organizaciones sindicales (principalmente fuera de la CES, aunque también dentro de la propia CES), organizaciones políticas y muy diversas organizaciones y movimientos sociales a escala de la Unión están rechazando progresivamente esta futura Europa que se diseña en el nuevo Tratado. Otra cosa es que ese rechazo in crescendo se pueda manifestar organizada y abiertamente, como cuando la Constitución. Máxime ahora que la ratificación del nuevo Tratado se quiere llevar a cabo eludiendo las consultas populares. Es por eso por lo que el punto de confluencia común de todos los rechazos es que el nuevo texto, al menos, se someta a consulta popular. Sin embargo, ese rechazo se manifestará con toda seguridad el día de las futuras elecciones europeas en 2009, cuando los ciudadanos europeos den la espalda de una forma aún más profunda que en el pasado a su cita con las urnas. Será un rechazo pasivo, lo cual agudizará aún más la profunda falta de legitimidad de la Unión.

En el Estado español, el referéndum de la Constitución fue la consulta electoral de más baja participación de la democracia española: 42%. A pesar del 77% de ‘síes’, sólo algo más de tres de cada diez ciudadanos apoyaron la Constitución. Al igual que el referéndum sirvió para impulsar un debate sobre el “proyecto europeo”, la futura y subrepticia ratificación parlamentaria debe ser utilizada para profundizar el debate en torno a esta Europa que está condicionando tanto nuestras vidas y nuestro entorno. Se están empezando a articular las resistencias a este proyecto en el interior y en el exterior de la Unión (el proceso Enlazando Alternativas entre América Latina y de Europa por ejemplo). Todo lo cual hará aún más complicado la cristalización de esta nueva Europa, provocando que los poderes europeos (o parte de ellos) se vean obligados a construir este futuro de forma autoritaria, y a defenderla a través de intervenciones militares a escala mundial.

El nuevo mundo que se abrirá dentro de poco tras el agotamiento del petróleo pondrá en cuestión las estructuras de poder. Es preciso pues oponerse a este proyecto y empezar a deconstruir esta Europa (y las estructuras estatales que la componen), para poder caminar hacia otras Europas y mundos. Todo es posible. El futuro está abierto.

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Los mercenarios, modernos guerreros del Imperio.

...por Daniel Pereyra, autor del libro ‘Mercenarios guerreros del Imperio’, de reciente aparición.

Uno de los oficios más antiguos del mundo cobra actualidad por obra y gracia de las necesidades militares de Estados Unidos y la avidez de ganancias de las empresas del entramado militar-industrial.

La CIA y el Pentágono utilizaron mercenarios en Guatemala (1954, golpe contra el presidente Jacobo Arbenz), Cuba (1961, intento de invasión por Bahía de Cochinos), Nicaragua (creación de la Contra, 1980 a 1990) y Afganistán (contra las tropas soviéticas, 1979 a 1989) y en la primera Guerra del Golfo (1990 a 1991). Fomentaron el empleo de mercenarios en África y América Latina, por parte de dictaduras y empresas multinacionales, que desarrollaban guerras sucias por la conquista del poder local o de materias primas.

A partir de la disolución de la URSS es cuando se produjeron los mayores cambios en la forma de hacer la guerra y en los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos. Uno de los más importantes cambios fue en 1992, cuando el secretario de Defensa Dick Cheney encomendó a Kellog, Brown & Root, filial de Halliburton (receptora de sustanciosos contratos con el Pentágono) un estudio sobre la privatización de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ese proyecto se comenzó a aplicar de inmediato, contratándose a Corporaciones Militares Privadas (CMP) y por su intermedio a mercenarios para múltiples tareas en sustitución de soldados regulares.

Los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos fueron ampliados, puesto que ya no existía el competidor soviético. En 1992, el proyecto Guía para la planificación de la defensa elaborado por el Pentágono y el Departamento de Estado “apuesta por la búsqueda de una primacía imperial basada en la necesidad de prevenir la emergencia de cualquier potencial futuro competidor global y de controlar para ello esa región (…) En Oriente Medio y el sudeste asiático, nuestro objetivo global es conservar al extremo el poder dominante en la región y reservar el acceso al petróleo existente en ella a EE UU y al mundo occidental”. El Imperio apuntaba a la primacía en toda la región asiática al sur de Rusia y China, desde el Mediterráneo al Pacífico, como una prolongación de su fuerte influencia en Europa, asentada con sus bases militares en los Balcanes y su creciente influencia en Oriente Medio después de la Guerra del Golfo y el hostigamiento a Iraq.

La excusa perfecta, el atentado a las Torres Gemelas en 2001, que dió el pretexto para intervenir en todo el mundo: Estados Unidos declaró la guerra global al terrorismo e invadió Afganistán e Iraq. Entonces la necesidad de los mercenarios se hizo imperiosa, ya que se requerían para ambos frentes centenares de miles de hombres. El ejército de Estados Unidos no estaba en condiciones de aceptar ese reto por falta de efectivos. Una parte se cubrió con soldados norteamericanos regulares, otra con aliados encabezados por Gran Bretaña, pero una cantidad creciente fue suministrada por los mercenarios de las CMP. En la actualidad hay entre Iraq y Afganistán unos 200.000 soldados regulares, y otros tantos mercenarios.

Las mayores dificultades en estos teatros de guerra han hecho crecer la demanda de efectivos, que el Pentágono no puede facilitar por los problemas para conseguir nuevos voluntarios. Además varios aliados se retiran: Gran Bretaña y Polonia entre ellos. ¿Entonces a qué se apeló? Lo más sencillo es pedir más mercenarios, reclutando en todo el mundo a través de las CMP; luego se intenta reemplazar a los soldados de Estados Unidos con naturales de Iraq y Afganistán, auténticos cipayos al servicio del invasor, aun a sabiendas de que se trata de militares poco confiables si tienen que enfrentarse a su propio pueblo. En el orden interno, el jefe de la Infantería de Marina solicitó que sus efectivos salieran de Iraq para ser enviados a Afganistán, lo que le fue denegado, pero evidencia el espíritu de derrota que se adueña de los mandos.

El último intento, que cambiaría la estrategia militar en ambos conflictos, es el acuerdo de que las tropas norteamericanas permanezcan por largo tiempo en estos países y se trasladen a emplazamientos fuera de las ciudades, reduciendo su número y encomendando la seguridad a los iraquíes y afganos. Lo que no haría sino volver mucho más caótica la situación e implicaría entregar el control de la mayor parte del territorio a la resistencia.

¿Qué hacen los mercenarios?
¿Qué hacen esos mercenarios? Realizan todas las tareas administrativas y logísticas, tales como alimentación, correo, aprovisionamiento de armas y municiones a las tropas, sanidad, construcciones, etc; colaboran en custodia, interrogatorios y torturas a los prisioneros; también realizan tareas de guardaespaldas de personalidades, custodia y vigilancia a cuarteles, convoyes de soldados y otras instalaciones militares, y cumplen tareas de combate, junto a las unidades regulares. Lo hacen desconociendo los derechos humanos, torturando presos, asesinando civiles, como se denunció recientemente en el caso de Blackwater, que asesinó a 17 civiles, u otras CMP que sometieron a vejaciones y torturas a presos en Abu Grhaib. Estos son casos que han saltado a las primeras páginas, mientras muchos otros permanecen en el anonimato.

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