martes, 15 de enero de 2008

Los trabajadores no somos terroristas.

Más de cuarenta representantes sindicales se reunieron el pasado viernes en Madrid en los locales de la Plataforma Sindical en torno a la denuncia de las continuas agresiones contra los trabajadores y sus representantes que en los últimos años se vienen produciendo desde el mundo empresarial y político, bien de mano de las fuerzas de orden público o de las instancias judiciales o legislativas. Esta reunión significaba la continuación de un primer encuentro realizado el pasado 17 de noviembre junto a otras organizaciones políticas, sociales y vecinales y el paso previo para la convocada con ellas al día siguiente, sábado 12 de enero, en el mismo lugar.

En este encuentro pudieron manifestar estas agresiones representantes de la Coordinadora Sindical de Madrid, Cobas, Trabajadores Unidos de Valladolid, Coordinadora Sindical Canaria, Confederación Intersindical Gallega, IAC de Cataluña, Stes, Sindicato Ferroviario, Intersindical de Canarias, Intersindical de Andalucía, Sindicato de Obreros del Campo, Coordinadora Sindical de Canarias, Alternativa Sindical de Trabajadores y la Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias. A ella faltaron por problemas de agenda, pero transmitieron su solidaridad y apoyo, los representantes de LAB, ESK y de la Coordinadora Sindical de Aragón.

Todos ellos pudieron transmitir al resto su percepción de cómo las agresiones contra los trabajadores se recrudecen cada vez más. No es solo las que se dan continuamente en el mundo de la empresa con contratos precarios, deslocalizaciones, amenazas de despido o sueldos miserables amparados por las continuas reformas laborales. También las que se producen contra los trabajadores cuando deciden manifestar su protesta con huelgas o manifestaciones. Y las que también sufren los representantes sindicales que no se amedrentan ante estos hechos ni ante el aburguesamiento del sindicalismo oficial que, lejos de defender los derechos de los trabajadores, cooperan activamente en la represión.

Así se pudieron escuchar testimonios vergonzantes para una sociedad que dice llamarse democrática pero que camina hacia atrás en derechos humanos, como así ha denunciado recientemente Amnistía Internacional:

-En Cataluña, 60 trabajadores de El Prat siguen imputados, algunos por sedición, un trabajador de los Transportes Urbanos de Barcelona, empresa que continúa en conflicto laboral, fue apaleado por la policía y posteriormente acusado de agresión, trabajadores de Frape sufren una denuncia penal por ocupar la fábrica, 33 trabajadores despedidos de SEAT no pueden entrar a la planta a trabajar a pesar de haberse declarado su despido nulo o el despido de los miembros de un Comité de Huelga. Denunciaron las actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona como una policía especialmente represiva.

-Desde Andalucía se hicieron eco de la orden de embargo contra Diego Cañamero como fruto de la denuncia de la Duquesa de Alba. El juez, por la denuncia por calumnia, había pedido una multa de 100.000 euros y una fianza de 3.000 euros. Ante la imposibilidad de pagar la fianza, Cañamero estaba pendiente de ingresar en la cárcel.

-Desde Castilla se informó del despido de un representante sindical de Fasa Renault, del proceso contra Luis Marcos Rivera acusado de agredir a cuatro policías y de cómo el sistema se ceba con ellos antes, incluso, de que puedan empezar a crecer como organización. La represión no solo era física, también económica y contra la propia dignidad.

-Los representantes de Galicia también intervinieron para denunciar el continuo acoso contra el sindicalismo de clase en su región desde las empresas, vetando sus comunicados y el contacto con los trabajadores o cargas policiales en el sector pesquero y minero.

-Canarias tampoco se libra de este tipo de represión y sus representantes manifestaron, por ejemplo, la situación de muchos emigrantes, su lucha contra la especulación urbanística y cómo los sindicalistas que denuncian estas prácticas son objeto de registros en sus locales y acoso por parte de la policía y los jueces.

-Desde Asturias se recordó la situación de los sindicalistas Cándido y Morala pero cómo no son los únicos casos ya que hay otro compañero del sector de los astilleros que también podría ser procesado.

-Madrid también pudo poner ejemplos de criminalización de la lucha obrera como la reciente protagonizada por los trabajadores de la limpieza del Metro.

Todas las intervenciones coincidieron en que se trata de una maniobra muy bien orquestada que pretende acallar cualquier tipo de voz discordante fuera del sindicalismo oficial, en previsión de una época de vacas flacas y que persigue descabezar cualquier tipo de protesta social. “No se pueden criminalizar las ideas”, se repitió en varias ocasiones denunciándose que se trata de una nueva guerra preventiva y que la legislación que en su día se creó para combatir el terrorismo es hoy utilizada contra los trabajadores y sus representantes.

La respuesta, concluyeron, debe ser coordinada y en ese sentido decidieron hacer público un comunicado pronunciándose contra la represión laboral y sindical, la realización de movilizaciones de solidaridad en todos los territorios cada vez que se produzcan hechos de este calibre y la organización de una Conferencia contra la represión a finales de marzo, posiblemente en Asturias.

Un segundo punto del orden del día trataba de la realización de movilizaciones contra la carestía de la vida y que no contó con el apoyo unánime de las diferentes organizaciones, tal y como había sucedido en el punto anterior. El documento presentado por Cobas y la Coordinadora Sindical de Madrid fue aceptado en sus términos pero los diferentes frentes y los diferentes calendarios de cada uno de los grupos hizo imposible un acuerdo para una manifestación unitaria. Se postergó para fechas cercanas a octubre aunque también se señaló que podía ser el objetivo de la manifestación del 1º de Mayo.

www.rebelion.org

Dossier relacionado: Represión laboral y sindical en el Estado español (2002-2007)

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